El despacho de abogados TOJIL, estrategia contra la impunidad y la organización de la sociedad civil Transparencia Mexicana detectaron que los esquemas de trabajo y medidas de contingencia implementados por el Poder Judicial de la Federación y los poderes judiciales de las entidades federativas en la contingencia de COVID-19 no garantizan aún la publicidad de sus resoluciones vía remota y en tiempo real.
Estas organizaciones realizaron una revisión de las medidas que han implementado los poderes judiciales estatales y federal en la pandemia para medir la transparencia en las decisiones que están tomando, y su conclusión es que ésta no es suficiente.
Destacan que el 6 de mayo pasado el Poder Judicial Federal reanudó las sesiones de sus Tribunales Colegiados de Circuito (TCC) a través de videoconferencia, pero el Acuerdo del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) únicamente prevé la grabación y resguardo de los registros de esas sesiones para que puedan consultarse una vez que se regularicen sus labores, plazo y fecha que aún resultan inciertos en el marco de la contingencia sanitaria.
“Ello limita la publicidad en tiempo real de las sesiones de los TCC, lo cual contraviene la ley y abre espacios a la arbitrariedad judicial.
“Por mandato de ley, las audiencias de estos tribunales son públicas por lo que, además de las partes, puede presenciarlas cualquier ciudadano. Hasta antes de iniciada la pandemia la publicidad de estas audiencias permitía presenciar la sesión en vivo y acceder con posterioridad a la videograbación de la sesión” pero estos lineamientos limitan esa publicidad.
Las organizaciones destacan que las decisiones de los TCC son tan importantes como las de la Suprema Corte de Justicia debido a que en la mayoría de los asuntos ya no existe otra instancia para debatirlos.
También señalan que el Poder Judicial Federal como los poderes judiciales de 27 entidades federativas usan algún tipo de tecnología de la información para la atención de los casos o audiencias urgentes, especialmente en materia penal.
Pero hasta este momento ni el Poder Judicial Federal ni los de las entidades federativas cuentan con mecanismos para garantizar la publicidad de las audiencias en materia penal, es decir, que se permita a la ciudadanía acceder a estas audiencias en tiempo real y vía remota. Las organizaciones consideran que “esto es preocupante debido a que se está violentando un derecho constitucional y porque puede dar cabida a una serie de arbitrariedades”.
Las audiencias del sistema penal acusatorio y adversarial, por mandato constitucional también son públicas por mandato constitucional, salvo casos muy excepcionales.
Ante este panorama, TOJIL y Transparencia Mexicana recomiendan que los poderes judiciales mantengan o impulsen la atención de casos a través de mecanismos tecnológicos y que se dispongan medidas para garantizar la publicidad en tiempo real de las audiencias que, por ley, son públicas.
También sugieren que se reciban todas las demandas y, en su caso, se funde y motive adecuadamente porqué no se ubican en un caso de urgencia, así como prever mecanismos para controvertir esa decisión, y que previo a levantar la suspensión de los plazos judiciales se garantice el acceso a la justicia y la publicidad de las audiencias a través de medios digitales.
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