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Categoría: El Derecho y México
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Letrero de la Ciudad de Colima

 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en sesión remota del Tribunal Pleno realizada a través del sistema de videoconferencia, al resolver una controversia constitucional promovida por el municipio de Colima, Colima, invalidó con efectos limitados al territorio de ese municipio, diversas disposiciones de la Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de Colima (LMS), al considerar que regulan aspectos específicos que son competencia de los municipios y sin que se les conceda participación alguna.

La sentencia establece que el municipio tiene competencia en materia de tránsito, como servicio público, entendido este como la actividad técnica encaminada a satisfacer la necesidad de carácter general, de disfrutar de seguridad vial en la vía pública y circular por ella con fluidez, bien como peatón o como conductor o pasajero de un vehículo, regulando la circulación de peatones, animales y vehículos, así como el estacionamiento de estos últimos en la vía pública.

De esta forma, la SCJN invalidó los artículos 16, numeral 1; 17, numeral 1, fracción XXXIV; 65, numeral 2; 99, numeral 2; 109 numerales 4 y 5; 112, numerales 2 y 3; 158, numeral 2; 252; 270, numeral 3, fracción IV, de la Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de Colima.

Esto en virtud de que no se establecen normas básicas para homogeneizar la prestación del servicio público de tránsito, sino que se estima que los preceptos invaden la competencia del municipio, al regular directamente cuestiones como el establecimiento de itinerarios, horarios y frecuencias del transporte público en la vía municipal.

También la ley regula indebidamente la operación de los sistemas de cobro de estacionamiento de vehículos en la vía pública y lo referente a la jurisdicción en materia del sistema público de bicicletas.

Además, no otorga al municipio la participación efectiva que la Constitución le garantiza en materia de tránsito por lo que respecta a la promoción de la cultura vial, la emisión de normas que permitan el acceso seguro a la movilidad, la aprobación del mobiliario urbano para custodiar las bicicletas y todos aquellos objetos instalados en el espacio público y para la operación de los centros de control de tránsito, la revocación de permisos, así como el establecimiento de carriles reservados como objeto de concesión.

Por otro lado, el Pleno validó el resto de los artículos impugnados al establecer que –por un lado– prevén aspectos referidos al transporte público, materia que no es competencia de los municipios; además de que se limitan a establecer bases generales sin regular cuestiones específicas, es decir, dichas normas buscan tener una normativa municipal homogénea y respetar los ámbitos de competencia de cada orden de gobierno en materia de tránsito.

Más información scjn.gob.mx

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