La semana pasada, organizaciones civiles denunciaron que con el pretexto de la pandemia por COVID-19 y pese a que los actos demandados están relacionados con riesgos por la contingencia, Juzgados de Distrito de Yucatán y Campeche se negaron a admitir un par de amparos promovidos para suspender la construcción del Tren Maya y definir la reubicación de pobladores desplazados por las obras.
Mediante un comunicado, el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMCS), la Asamblea de Defensores del Territorio Maya “Múuch' Ximbal”, el Colectivo Tres Colonias de Campeche; Indignación- Promoción y defensa de los derechos humanos y la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), expusieron la problemática en relación con los amparos promovidos en Campeche y Yucatán, y exigieron suspender la construcción del “Tren Maya”, así como el proceso de desalojo y reubicación de personas.
“Tanto en el caso de Campeche, como en el de Yucatán, se demandaron hechos que se encuentran ocurriendo actualmente y que tienen relación con la pandemia, pero además son urgentes dadas las consecuencias que tienen y podrían tener para quienes reclaman.
“Decidir que las personas afectadas deben esperar al término de la contingencia para acceder a los Tribunales es igual a cancelarles ese derecho de acceso a la justicia que tienen constitucionalmente. Para cuando llegue ese momento los actos frente a los cuales buscan defenderse ya estarán consumados y serán de imposible reparación”, denunciaron las organizaciones civiles.
En Campeche, el 17 de abril vecinos de las colonias Camino Real, La Ermita y Santa Lucía, acudieron a los Juzgados de Distrito para presentar un amparo en contra del proceso para desalojarlos, pues habitan al margen de las vías que serán utilizadas para el mega proyecto del Tren Maya.
En plena tercera fase de la contingencia sanitaria, personal del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), encargado de la obra, en conjunto con ONU-Hábitat, realizaron censos y entrevistas, como primera fase del proceso de desalojo y reubicación.
Los colonos, que forman parte del el Colectivo Tres Colonias de Campeche, promovieron un amparo en contra de estas acciones argumentando también la falta de información sobre a dónde serán reubicados y la ausencia de garantías que eviten que terminen en situación de calle.
La respuesta del personal del Juzgado Primero de Distrito de Campeche, sin siquiera leer la demanda, fue negarse a recibirla, bajo el argumento discrecional de que “no es asunto de urgencia”.
La postura fue verbal, lo cual implicó que las y los quejosos no recibieron ni siquiera un acuerdo que sustentara la decisión discrecional del Tribunal, por lo que la representación del Colectivo presentó un recurso de queja ante el Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, el 24 de abril, señalando la ilegalidad de la acción del Juzgado Primero.
En Yucatán, integrantes de la “Asamblea Maya Muuch Ximbal” presentaron la demanda en contra del acuerdo del pasado 6 de abril, emitido por el gobierno federal, que estableció la continuación de los trabajos del Tren Maya a pesar de la emergencia sanitaria derivada del Covid.
Los firmantes señalaron que era urgente admitir el amparo y ordenar la suspensión de las obras durante el período de cuarentena, debido al riesgo de contagio que tendrían las comunidades afectadas.
De entrada, el personal de guardia se negó a recibirles la demanda, bajo el mismo argumento: “No es urgente”. Tampoco leyeron el escrito, pero después de mucho insistir, finalmente recibieron la demanda, pero la titular del Juzgado Cuarto de Distrito determinó posponer la admisión y resolución del amparo hasta “pasada la emergencia sanitaria”, al no considerarlo un caso de urgencia.
“Es decir, a pesar de que lo que se impugnó fue un acto en el contexto de la pandemia, el Juzgado, en una actitud incongruente, pospuso su análisis una vez terminado el período de cuarentena, con lo cual no sólo negó el acceso a la justicia a dichas comunidades, sino que las dejó a merced de una acción que podría implicar un incremento de casos de Covid en las comunidades afectadas por el tren maya”, se indicó.
Para las organizaciones civiles resulta preocupante la actuación de los órganos juzgadores del Poder Judicial Federal y evidencia que el gobierno de la República se aprovecha de la pandemia, de la contingencia y del riesgo sanitario, para avanzar con el megaproyecto, poniendo en riesgo derechos elementales de la población, como la vivienda, la salud e incluso la vida.
“La pandemia no es excusa para que se suspendan los contrapesos constitucionales como lo es el Poder Judicial. Sobre todo porque en una democracia, incluso durante una crisis de salubridad como esta, es necesario que las autoridades se apeguen a la Constitución de la nación. Lo mismo ocurre frente a megaproyectos del Poder Ejecutivo que afecten los derechos de las personas.
“El Poder Judicial no puede ser ni omiso, ni condescendiente, sino garante de que lo que dice nuestra Carta Magna se cumpla. Descuidar ese papel implicaría estarle dando a las autoridades de los otros poderes un aval para hacer lo que deseen y, en el caso concreto del Tren Maya, podría interpretarse como una sumisión a un proyecto impulsado desde el ejecutivo”, concluyeron.
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