Médica con cubrebocas

 

El juez Décimo Sexto de Distrito en materia Administrativa en la Ciudad de México otorgó una suspensión de plano para que las autoridades sanitarias provean de equipo médico adecuado a una doctora en el Estado de México para que atienda pacientes con COVID-19 o, de lo contrario, permitirle permanecer en su casa para proteger su salud e integridad, así como la de su hijo.

La quejosa trabaja en un centro de salud del Instituto de Salud del Estado de México en Naucalpan de Juárez y alegó que el gobierno federal no ha establecido mecanismos de protección con perspectiva de género para las trabajadoras de salud que son madres de niños menores de seis años de edad.

En su demanda de amparo indicó que en los centros de salud del Estado de México no se ha destinado material adecuado al personal médico para la mitigación y control de los riesgos que implica el coronavirus.

Asimismo, explicó que tiene un hijo menor de seis años de edad que padece, entre otras enfermedades, rinitis alérgica, lo que lo coloca en el grupo de población con mayor riesgo a desarrollar COVID-19 en su estado grave.

“En la clínica donde labora se instaló una carpa de plástico para atender a pacientes que tuvieran algún síntoma relacionado con algún padecimiento respiratorio, aun cuando es un material en los que más tiempo pasa el virus SARS-CoV2 (COVID-19), la cual no ha sido sanitizada [sic], lo que genera un foco de infecciones”, explica el representante de la doctora en el escrito de demanda.

También se destaca que únicamente se les otorgó un paquete de 100 cubrebocas sencillos para atender pacientes con COVID-19, lo que pone en riesgo su salud y su vida, por lo que consideró que no debe obligársele a ir a trabajar hasta que se le brinde el material necesario para hacer frente a la pandemia.

El juez consideró que estás circunstancias impactan en el derecho a la salud y a la vida de la doctora y de su hijo, por ello, le concedió una suspensión de plano para que las autoridades le permitan no presentarse a trabajar hasta que cuente con el equipo médico apropiado para evitar contagiarse de COVID-19, sin que ello implique un descuento por ausencia.

“La medida cautelar concedida de oficio y de plano a la quejosa, también tiene por efecto que se le proporcione el equipo de protección médico necesario para atender la pandemia que aqueja al país y evitar que pueda contagiarse, como podría ser gorro quirúrgico desechable, mascarilla quirúrgica desechable, uniforme de trabajo, guantes de látex desechables, gafas de protección y dispositivos de protección respiratoria que cubran la cara o respirador purificador de aire motorizado, de ser posible respiradores desechables médicos para partículas N95”, precisó el juzgador.

En la resolución se destaca que el artículo primero constitucional consagra el principio pro persona, que este establece que los derechos humanos deben interpretarse en la forma más amplia en favor de los gobernados, y que la propia Constitución obliga al Estado mexicano a salvaguardar el derecho a la salud, para lo cual deben emitirse las resoluciones necesarias para lograr este fin.

Así, de no tomarse la medida, señaló, podría causarse un daño de imposible reparación en el disfrute al derecho humano de la salud y la vida.

Agregó que con la suspensión de plano otorgada se garantiza el interés superior del menor quejoso, e incluso de la colectividad, “pues es un hecho notorio para la sociedad que al día de hoy, dicha pandemia se extendió a más de 160 países, y en México existen 3,441 casos confirmados (cifra al 10 de abril, fecha en que se otorgó la suspensión)”.

Más información eluniversal.com.mx

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