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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló la reforma al artículo 9 de la Constitución estatal con la que se reduce en un 50 por ciento el presupuesto para los partidos políticos en el estado de Tabasco.

Por mayoría de nueve votos, los ministros señalaron como válidas las reformas al artículo 9, apartado A, fracción VIII, primer párrafo e inciso a), de la Constitución estatal, que permitieron la disminución en este gasto.

Una reforma en el mismo sentido ya había sido analizada por la SCJN en septiembre del año pasado, pero en ese entonces se invalidó la reforma ya que invadía facultades del Congreso de la Unión.

Por ello, los diputados locales volvieron a legislar sobre el tema, esta vez reformando la Constitución estatal y diferenciando entre las normas para entregar financiamiento a los partidos políticos que sólo tienen registro en el Estado, y a los nacionales que hayan obtenido por lo menos 3 por ciento de la votación total en la entidad.

El Pleno reiteró que conforme a los artículos 116 fracción IV, inciso G, de la Constitución General y 52 de la Ley General de Partidos Políticos, las legislaturas estatales están facultadas para regular el financiamiento público local de los partidos políticos nacionales, siempre y cuando garanticen que los partidos reciban dicho financiamiento de manera equitativa para sus actividades ordinarias y durante los procesos electorales.

Asimismo, aclaró que la disposición impugnada se refiere al financiamiento público local y no al federal. Por tanto, consideró que sí existe certeza sobre el tipo de financiamiento que recibirán los organismos políticos, tanto nacionales como locales, en la entidad.

El ministro Mario Pardo Rebolledo, quien fue el ponente en este caso, señaló que la Constitución federal no señala que el presupuesto público que los gobiernos estatales entregan a los partidos políticos tiene que ser igual para todos: “No establece que el financiamiento público para los partidos políticos sea igualitario, sino que señala que debe ser equitativo. Así, si el legislador consideró un financiamiento estatal diferenciado para los partidos políticos nacionales y los locales, tomando en cuenta la situación actual del país y la necesidad de reducir los gastos de las elecciones, y específicamente de las campañas electorales, que generen condiciones que permitan el crecimiento económico en el estado de Tabasco”.

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