Ante el panorama de inseguridad que se vive actualmente, especialmente por las mujeres, en el país, se han presentado cuando menos dos iniciativas en el Congreso de la Unión que proponen restaurar la pena de muerte en México.
En el senado, Víctor Fuentes Solís, del Partido Acción Nacional (PAN), propuso que se abra un debate sobre establecer la pena de muerte para castigar a homicidas de niñas, niños, adolescentes y mujeres.
Según el legislador, en una encuesta que realizó en su natal Nuevo León a través de redes sociales, Facebook e Instagram, más del 90 por ciento de los participantes se pronunció por castigar el feminicidio y crímenes de ese tipo con esta pena.
Por su parte, en la Cámara de Diputados legisladores del Partido Verde Ecologista de México y algunos del Movimiento de Regeneración Nacional, revivieron su propuesta de reincorporar en la Constitución la pena de muerte, luego que algunos legisladores del PAN y el PRI expresaran su interés de impulsar la pena de muerte tras el feminicidio de la niña Fátima.
En la iniciativa se propone la reforma los a artículos 18, 22, 29 y 94 de la Constitución para permitir la pena capital en tres delitos: violación cuando el agresor asesine a su víctima, en casos de feminicidios y homicidios dolosos cuando las víctimas sean menores de edad.
El líder de la fracción verde, Arturo Escobar, indicó que actualmente México vive un estado de excepción, ante el cual requiere de sanciones ejemplares en contra de quienes han decidido vivir al margen de la convivencia social.
El legislador dijo estar consciente de que la iniciativa encontrará resistencias en constitucionalistas, estudiosos y defensores de derechos humanos. No obstante, advirtió, el país necesita medidas de atención para su realidad y no para las realidades de Europa o de Estados Unidos.
Escobar afirmó que México requiere de excepciones al sistema de procuración de justicia en las que se reconozca que existen ilícitos en los que los responsables merecen pagar con su vida la que no perdonaron.
La propuesta faculta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer en definitiva, vía el amparo, los casos de pena de muerte.
Además, establece que para eliminar obstáculos para la aplicación de la pena de muerte, el Estado mexicano deberá iniciar los trámites para la denuncia de instrumentos internacionales, es decir, que nos separemos de estos tratados: la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional De Derechos Civiles y Políticos Destinado a Abolir la Pena de Muerte, adoptado en la Ciudad de Nueva York, el 15 de diciembre de 1989, pero estos últimos no contienen cláusula expresa facultando a los Estados parte a denunciar el instrumento.
Cuando la República Popular Democrática de Corea intentó dejar el Pacto, en octubre de 1997, el Comité de Derechos Humanos adoptó su Observación General 26.44 que establece que el derecho internacional no permite que un Estado denuncie el PIDCP o se separe de él, ni aún con la aquiescencia de todos los Estados Parte, lo mismo sucede con el Segundo Protocolo Facultativo.
Desde 2009 y después en 2018 el Partido Verde ha propuesto la instauración de la pena de muerte, sin éxito.
La última vez que se aplicó la pena de muerte en nuestro país fue en 1961 a un soldado de Infantería en Saltillo, Coahuila, llamado José Isaías Constante Solano, que se insubordinó y mató a dos superiores.
Las últimas ejecuciones más mediáticas fueron el 17 de junio de 1957, en Hermosillo, Sonora, donde se ejecutó a Francisco Ruíz Corrales, un jornalero de 27 años, y José Rosario Don Juan Zamarripa, un exsoldado de 40 años, que en distintos casos fueron declarados culpables de violación y homicidio de dos menores de edad.
Desde 1924 la pena de muerte fue desapareciendo paulatinamente en los estados, pero no fue sino hasta 2005 que la pena de muerte desapareció de nuestra constitución federal.
Es extraño que un partido político que se manifiesta a favor de la vida, que afirma buscar la “… recuperación y afianzamiento de los auténticos valores culturales de México. En especial, de la tradición y conocimientos autóctonos, que son profundamente respetuosos de los seres vivientes humanos, animales y vegetales, así como de los elementos naturales” o que señala como uno de sus principios el “Amor”, proponga la pena de muerte.
Más información gaceta.diputados.gob.mx
miabogadoenlinea.net
Se permite la reproducción parcial o total, concediendo crédito a miabogadoenlinea.net
