La Suprema Corte de Estados Unidos, en una votación 5-4, decidió negar a la familia de Sergio Adrián Hernández Güereca, el derecho a demandar a la patrulla fronteriza por la muerte de su hijo.
El incidente ocurrió en junio de 2010 cuando Hernández Güereca, que tenía 15 años, y unos amigos estaban jugando en el lecho de concreto del Río Bravo, en la frontera entre México y Estados Unidos. Corrían y tocaban la cerca que divide México y Estados Unidos para luego regresar a territorio nacional. Para el agente Jesús Mesa Jr. intentaban un cruce ilegal y retuvo a uno de los jóvenes y Sergio Adrián se escondió atrás de una columna en territorio mexicano. El Agente Mesa disparó en dos ocasiones a Sergio Adrián con consecuencias fatales.
En 2014, un panel del Quinto Circuito de la Corte Federal de Apelaciones en Estados Unidos determinó que Hernández Güereca estaba protegido por la Constitución de los Estados Unidos a pesar de que el adolescente se encontraba en territorio mexicano cuando el agente le disparó, la decisión fue apelada.
El Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Quinto Circuito, con sede en Nueva Orleans, le negó a la familia la posibilidad de demandar al agente, decisión que fue apelada y analizada por la Suprema Corte norteamericana en junio de 2017, que regreso el caso al Tribunal de Apelaciones para que fuera analizado a la luz de nuevos precedentes.
En marzo de 2018 el Tribunal de Apelaciones volvió a negar el derecho a demandar a la familia Hernández Guereca, señalando que el caso plantea preocupaciones de seguridad nacional en el sentido de que los agentes fronterizos podrían dudar en tomar decisiones en fracciones de segundo en situaciones peligrosas si creen que podrían enfrentar demandas judiciales. La decisión fue apelada, y el caso llegó nuevamente a la Suprema Corte en noviembre del año pasado.
Sin embargo, como se esperaba, en una votación 5-4 el máximo tribunal negó a Jesús C. Hernández, el padre del adolescente, el derecho a exigir una compensación bajo el precedente de 1971, establecido en el caso Bivens v. Six Unknown Named Agents, el cual permite a las víctimas o sus familias obtener compensaciones si sus derechos constitucionales fueron violados por oficiales federales y no hay un remedio legal viable. Con ésta decisión este precedente no se amplía a violaciones de la constitución que traspasen la frontera.
Steve Vladeck, abogado que representa a la familia del joven, dijo, según The Washington Post, a la Corte Suprema que permitir que la demanda continúe no socavaría las relaciones exteriores ni desafiaría las políticas de la Patrulla Fronteriza, pero que debe haber una forma para que las familias de las víctimas responsabilicen a los oficiales individuales por usar fuerza excesiva.
El juez Samuel Alito redactó el proyecto que fue apoyado por los otro cuatro ministros conservadores mientras que los cuatro liberales disintieron. En el documento se establece que la conducta del personal de la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. posicionados en la frontera “tiene una conexión fuerte y clara con la seguridad nacional… Un tiroteo transfronterizo afecta los intereses de dos países y, como sucedió aquí, puede conducir al desacuerdo. No corresponde a este Tribunal arbitrar entre los Estados Unidos y México, que tienen intereses importantes en juego y han tratado de conciliar esos intereses a través de la diplomacia”.
“La decisión del Congreso de no permitir demandas en estos contextos indica que el Poder Judicial tampoco debería crear una causa de acción que se extienda a través de las fronteras de los Estados Unidos.
“La pregunta más importante es si es el Congreso o los tribunales quienes deben crear una forma de reparación de daños. Aquí la respuesta es el Congreso. El hecho de que el Congreso no actúe no obliga a la Corte a ponerse en su lugar” concluye la decisión.
Después de cinco años la familia Hernández Güereca no recibió justicia por la muerte de su hijo, pero lo más grave es que la sociedad y las autoridades mexicanas han guardado silencio ante esta infamia.
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