La Organización de los Estados Americanos, OEA y el Instituto Federal de Acceso a la Información, IFAI, están elaborando la Ley Modelo Interamericana sobre el Acceso a la Información gubernamental, a fin de dar a los países de América Latina un marco de mayor transparencia en la información, en cumplimiento con el artículo 13 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que consagra la libertad de expresión y considera indispensable garantizar la libertad para buscar y revisar información.

México cuenta con una ley en la materia desde el 11 de junio de 2002 en que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que en su artículo segundo establece que toda la información gubernamental es pública por lo que los particulares tienen acceso a ella en los términos establecido en la ley.


En esta ley se crea el IFAI que es un órgano con autonomía operativa y presupuestaria, encargada de difundir y promover el ejercicio del derecho a la información, de resolver sobre la negativa a las solicitudes de acceso a la información y de proteger los datos personales en poder de las dependencias y entidades.

 



El IFAI está conformado por cinco comisionados que duran en su cargo siete años sin posibilidad de reelección. Son nombrados directamente por el presidente, pero el Senado, o en período de receso, la Comisión Permanente, cuenta con un plazo de 30 días hábiles para objetar dichos nombramientos. Transcurrido el período sin objeción alguna, se consideran ratificados en el cargo.

El proceso para solicitar información es vía electrónica a través de Infomex.gob.mx o bien directamente ante la dependencia o entidad. La solicitud de información se hace llegar a las áreas encargadas quienes deberán buscarla y en su caso remitirla para dar respuesta a la petición. Si la información que se solicita es clasificada, la dependencia así lo hace saber al solicitante.

Este papel del Instituto se contrapone a los intentos del gobierno federal para acotarlo, dotando al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de la facultad para revertir las resoluciones del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, propuesta que va en contra de la reforma constitucional del 2007, en la que se elevó a garantía constitucional el principio de máxima publicidad; o la práctica reciente de responder estas solicitudes con la frase "información inexistente" como le sucedio a esta revista electrónica, a pesar de que por nuestra experiencia labora sabemos que existe la información, al haber sido responsables directos del asunto.

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