Un grupo de ciudadanos del estado de Coahuila de Zaragoza solicitarán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que atraiga un juicio de amparo promovido en contra de la instalación de cámaras con reconocimiento facial en esa entidad.
En abril del año pasado el gobierno del estado anunció la adquisición de mil 281 cámaras para vigilancia con tecnología de reconocimiento facial, con las que sumarían cerca de dos mil en todo el estado como parte del programa “Sistema de Video Inteligencia para la Seguridad”.
De acuerdo con lo presentado por el gobernador Riquelme Solís, las cámaras serían conectadas al C4 para operar en 370 puntos de ciudades del estado: Torreón, Piedras Negras, Acuña, Monclova, Saltillo, Ramos Arizpe, Matamoros, Francisco I. Madero, San Pedro y Frontera.
La asociación civil, Formemos un Cambio, encabezada por Álvaro Cárdenas, ha venido promoviendo diversos juicios de amparo al considerar que se viola el derecho a la privacidad y de manera indirecta se limita la libertad de expresión y de reunión, destacando que esta tecnología se ha usado para inhibir la protesta social en países como Ucrania.
Cárdenas señala que a nivel mundial únicamente la Corte Europea de Derechos Humanos ha emitido fallos, señalando que esta tecnología atenta contra el derecho a la privacidad. Añadió que hasta el momento no han logrado la suspensión provisional en ninguno de los amparos, pues advierten la dificultad de algunos jueces por comprender el alcance de las nuevas tecnologías.
También denuncian la transferencia ilegal de datos, pues estos equipos requieren de bases da datos con las cuales comparar la información que obtienen, por lo que el gobierno estatal solicitó la información personal, facial y biométrica con la que cuenta el Instituto Nacional Electoral (INE), a Plataforma México y la dirección de tránsito estatal, que emite las licencias de conducir.
Destacan que gracias a estos amparos se pudo saber que el INE se negó a entregar su información al gobierno de Coahuila, pero es probable que sí tenga ya acceso directo a las bases de datos que están bajo su custodia.
La organización considera que será necesario solicitar la atracción de la SCJN cuando el asunto se encuentre en revisión para que se establezca un criterio de relevancia, importancia y trascendencia para la vida jurídica nacional.
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) se reunirá la próxima semana con la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado para verificar los protocolos de aseguramiento de la información de las cámaras con reconocimiento facial, principal inquietud de los ciudadanos.
Hugo Morales, presidente de la Comisión en la entidad, dijo que la negativa absoluta de este sistema podría traer consecuencias de inseguridad así como de falta de certeza para todos los ciudadanos, sin embargo, el uso adecuado del mismo, la garantía de que la información y los datos que se están recabando no son públicos y no están a disposición de cualquier funcionario, además de otros protocolos, podría facilitar su funcionamiento.
“La idea es garantizar que esta información que se está obteniendo y de aquellas personas que no son delincuentes, que no están siendo buscados, que no tienen una orden de aprehensión o de detención, no se vea mermada en su garantía personal de privacidad" concluyó.
El uso de reconocimiento facial ha sido cuestionado en China y Estados Unidos, entre otros países.
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