La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene pendiente la revisión de un amparo promovido en febrero de 2017 por padres de familia de dos escuelas de la Ciudad de México que se oponían al programa de Mochila Segura, con el argumento de que viola derechos humanos y busca intimidar a los menores.
El programa pretende evitar la introducción de armas, objetos peligrosos y drogas a las escuelas públicas y privadas.
La propuesta de retomar el caso fue planteada por la ministra Norma Piña. En primera instancia, la juez federal Alma Delia Aguilar había negado el amparo contra el programa, que el actual gobierno dejó de impulsar en 2019.
"Dicho acto de molestia (revisión de mochilas) tiene sustento en el interés colectivo que se sobrepone al interés particular, pues el operativo se encuentra encaminado a proteger a la comunidad estudiantil atendiendo el interés superior del niño, ya sea en escuelas públicas o privadas", afirmó.
La ministra determinó ejercer la facultad de atracción para analizar la obligación del Estado Mexicano de satisfacer el derecho a la educación de calidad con elementos mínimos de seguridad. También se podría ponderar el principio del interés superior del menor y los derechos a la intimidad, privacidad y presunción de inocencia de los menores, entre otros.
En este sentido, se podría estudiar si los derechos a la educación e integridad de los estudiantes justifican la revisión de sus pertenencias o, en su caso, bajo qué estándares se pudiera realizar esta acción.
En julio del año pasado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), dirigió a la SEP su recomendación 48/2019 donde concluía que el operativo Mochila Segura era violatorio de los derechos de los menores “a la educación, a la intimidad y a la participación, así como al principio del interés superior de la niñez de los alumnos que asisten a escuelas públicas y privadas de educación básica”.
Como consecuencia de que en enero de 2017 un estudiante de secundaria de una escuela particular en Monterrey, Nuevo León, disparó contra su profesora y compañeros y después se quitó la vida se puso en marcha el operativo Mochila Segura en todo el país, pero hubo quejas de padres de familia ante la CNDH.
En esa recomendación rastreada, se pedía a las autoridades de la SEP que con base en el Sistema Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes "se determine si es procedente la continuación" de dicho operativo; además, se solicitaba hacer un diagnóstico sobre la violencia en planteles.
En ella se daba un plazo de seis meses "contados a partir de que se tengan el análisis y diagnóstico sobre la violencia en planteles de educación básica del Estado o planteles particulares con autorización y/o con reconocimiento de validez de estudios que realice la SEP, deberá elaborar y emitir un programa nacional de prevención, atención y erradicación de la violencia escolar, en el que se reconsidere la estrategia actual...".
Ya veremos ante el incidente de Torreón qué decisión toma la SCJN
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