Pastillas

 

El 15 de mayo de 2019, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió el Amparo en Revisión 251/2016, concluyendo que a la luz del derecho a la salud, el Estado mexicano está obligado a proteger, con la misma intensidad y bajo las mismas condiciones, el derecho a la salud de personas con padecimientos tanto físicos como mentales y, específicamente, a suministrar los medicamentos básicos para su tratamiento.

En el caso, el Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la Fuente Muñiz” negó reiteradamente a un paciente diagnosticado con varios trastornos mentales los medicamentos para tratarlos, derivado de que en sus ordenamientos internos no se contempla el otorgamiento de medicinas a pacientes ambulatorios, es decir, a todo aquel paciente que no está en hospitalización

El paciente promovió un juicio de amparo, ostentándose a sí mismo como una persona con discapacidad mental, señalando que la negativa vulneraba su derecho a la salud ya que atentaba contra la atención médica adecuada, completa, especializada y eficaz, aunado a que el derecho a la salud y asistencia social comprende el suministro de medicamentos.

El caso llegó hasta la SCJN y la Segunda Sala estableció que debe ser considerada como persona con discapacidad, aquella que de manera genérica, ya sea comprobada o no, padezca lo que comúnmente se denomina “enfermedad mental”, “problema de salud mental”, “padecimiento mental”, “enfermedad psiquiátrica”, entre otros.

La Segunda Sala resolvió que la debida protección del derecho a la salud conlleva la prestación de los servicios necesarios para su protección integral y no advierte diferencias en el tratamiento normativo que reciben la salud física y la mental, por lo que no existe razón para excluir a la salud mental de esta conclusión.

Por tanto, el derecho a la salud mental sí implica el suministro de medicamentos y, segundo, esta obligación conlleva, por lo menos, otorgarlos sin discriminación, que existan programas tendientes a suministrarlos a toda la población y en particular, a los grupos vulnerables.

La Sala señaló que era obligación del Instituto haber referido correctamente al paciente para que le suministraran los medicamentos y no sólo limitarse a sugerirle que se afiliara al Seguro Popular, sin llevar a cabo el procedimiento administrativo que rige el proceso de referencia y/o contrarreferencia de pacientes de consulta externa, el cual, además de resultarle obligatorio, tiene como propósito brindar una atención médica oportuna, integral y de calidad. Adicionalmente, la Sala destacó que el sistema de referencia no imposibilita al Instituto para suministrar medicamentos, pues es potestativo.

Finalmente los ministros consideraron como inaceptable el hecho de que una institución de salud admita a un paciente, le preste la atención inicial y no se asegure de que recibirá el tratamiento completo, máxime si la necesidad del tratamiento deriva de un diagnóstico que la misma institución determinó con motivo de los servicios que presta, y aun cuando tales medicamentos se encuentran en el Cuadro Básico de Medicamentos.

Más información scjn.gob.mx

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