La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha hecho públicas las teis derivadas del estudio y revisión del caso Acteal.

Entre otras, destaca la tesis aislada CLXXXVIII/2009, la cual se refiere a un tema que ya ha sido analizado por esta revista electrónica en otras ocasiones: La toma de fotografías a quienes no tienen la calidad de detenidos o presuntos responsables.

Esta tesis señala que la toma de fotografías a personas que no han sido puestas a disposición del Ministerio Público en calidad de detenidas o presuntas responsables –cuando éste sólo ha ordenado su localización y presentación– es un acto de molestia al hacer uso de su imagen, aunado a que puede resultar violatoria de los derechos a la honra y a la dignidad contenidos en los artículos 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “Así, el hecho de que la autoridad obtenga fotografías de cualquier persona, sin importar su situación jurídica, efectivamente representa un menoscabo y un deterioro en sus derechos, de naturaleza continuada, pues mientras el resultado del acto (las fotografías) no se elimine, el acto de molestia continúa…”

Esto podría modificar la actuación de las Secretarias de Seguridad Pública y las Procuradurías, tanto federales como locales, que en un afán de demostrar acciones concretas para el combate a la delincuencia exhiben a personas que al final no resultan responsables de ningún delito.

En los medios se citan ejemplos como el de Rafael Cedeño Hernández, El Cede, operador y lugarteniente del cártel de La Familia y encargado de “adoctrinar” a los miembros de esa organización delictiva, que fue presentado el Centro de Mando de la Policía Federal junto con 39 personas más, entre ellas su esposa y hermana. Las 39 personas quedaron en libertad.

Otro ejemplo es el caso del  secuestro de Francisco Serrano Aramoni, jefe aduanal en Veracruz, en el que la Secretaría de Marina presentó a 11 personas presuntamente responsables de este delito, incluida la regidora panista Guadalupe Torres Rivadeneira. Al final  terminaron liberando a la funcionaria, a su hija y a ocho personas más.

Fuente: Milenio, SCJN (pag. 215 del documento)

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