El gobierno de la Ciudad de México presentó ante el Congreso local una iniciativa de ley que crea el registro público de agresores sexuales de la entidad, con el objetivo de mejorar el proceso de investigación y garantizar el derecho de las víctimas a la no repetición de delitos.
La propuesta establece que el registro estará integrado con información de las personas con sentencia firme por la comisión de cualquier delito de naturaleza sexual.
El registro será de acceso al público y contará con fotografía actual, nombre, edad, alias, nacionalidad y delitos sexuales por los que la persona en cuestión haya sido sentenciada. En tanto, la información clasificada, a la que sólo podrán acceder el Ministerio Público y autoridades judiciales, tendrá que ver con el resto de la información que se encuentra en una ficha signalética, como son señas particulares, huellas digitales de todos los dedos de las manos, descripción de todos los delitos por los que la persona fue sentenciada y perfil genético.
Cuando el agresor sexual sea menor de 18 años sus datos de registro no serán públicos hasta que alcance la mayoría de edad.
En este banco de datos también se incluirá el registro de personas provenientes de otras entidades de la República o del extranjero que cambien su residencia a la Ciudad de México y que hayan sido condenadas por algún delito sexual.
Se contempla la creación de mecanismos de protección, encriptación y auditoría de la información con la finalidad de garantizar que los datos resguardados sean de confiabilidad y calidad, a fin de evitar daños, pérdidas, alteración, destrucción que impida su uso, acceso o tratamiento.
Cuando exista una resolución que modifique la sentencia condenatoria firme en atención a una recomendación de derechos humanos, por amnistía o por indulto, la persona podrá solicitar la cancelación de su registro.
La propuesta de ley prevé que la Secretaría de Gobierno pueda celebrar convenios de colaboración con la Fiscalía General de la República, autoridades de la Federación y de los estados, para consultar, actualizar, intercambiar y transferir la información relacionada con casos de agresiones sexuales.
También advierte que autoridades y servidores públicos que operen el registro serán sujetos a responsabilidades administrativas, civiles o penales en caso de usar indebidamente los datos o alteren, oculten o destruyan la información.
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