La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), prepara una iniciativa de ley para establecer como obligación el registro de datos personales mínimos al momento de comprar una tarjeta SIM (acrónimo en inglés de subscriber identity module, en español módulo de identificación de abonado), también conocida simplemente con el nombre de "chip" para telefonía móvil.
Esto porque según declaraciones del secretario, Arturo Durazo, los secuestradores y extorsionadores utilizan diferentes números para realizar sus fechorías y para esto adquieren chips en cualquier tienda, sin la mínima restricción, como si fueran desechables.
De aprobarse la propuesta, las compañías telefónicas tendrán la obligación de registrar los datos de quienes compren algún chip.
La propuesta tiene como finalidad combatir el secuestro y otros delitos, al hacer más difícil la venta de los chips y contar con una base de datos que facilite la persecución de los delitos.
Esta propuesta no es para nada nueva. Hace 11 años se estableció el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (RENAUT) en la Ley Federal de Telecomunicaciones, pero fue derogado en 2012.
El RENAUT nació de origen viciado ya que el gobierno federal asumió una obligación que le correspondía solo a los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones, incumpliendo el gobierno federal con todas las disposiciones legales.
La Ley obligaba a los usuarios a entregar al proveedor de servicios copia de identificación oficial, comprobante de domicilio, y, lo más importante, la huella digital y los concesionarios debían de conservar los documentos de identificación del Usuario.
Pero la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL) creó una reglas que modificaban de fondo todas las obligaciones previstas en la Ley: Sin ningún fundamento trasladó la obligación de llevar el Registro y conservar la información de los concesionarios al Registro Nacional de Población (en lo sucesivo el “RENAPO”) de la Secretaria de Gobernación, transformando una obligación de los concesionarios en una obligación del gobierno.
Estas reglas fueron hechas así porque desde un principio los concesionarios rechazaron el Registro, por lo que el gobierno negoció este modelo ilegal.
Además, el registro también fue atacado por tener que entregar información al gobierno sobre la línea de teléfono móvil de cada usuario.
Esto llevó al fracaso del RENAUT y a que finalmente se decidiera desaparecerlo.
Esperemos que en esta ocasión sí se implemente de forma adecuada y podamos contar con esta herramienta que sería muy útil en el combate a la delincuencia.
También se debería considerar implementar medidas que impidan el uso de móviles en las cárceles. El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) remitió a la Cámara de Senadores un estudio que revela que reos de siete centros penitenciarios —dos federales y cinco estatales— realizaron aproximadamente 3.7 millones de llamadas de teléfonos celulares al año para extorsionar o secuestrar.
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