En el Juzgado de Distrito del Centro Auxiliar con residencia en la Ciudad de México, como ya se había anunciado, se han promovido al menos 5 mil 777 amparos en contra de la Ley Federal de Austeridad Republicana por parte de diversos servidores públicos de distintas dependencias, entidades y organismos autónomos.
La legislación publicada el pasado 19 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación se compone de al menos 60 artículos, de los cuales se impugnan 13 al considerar que esas disposiciones violan los derechos constitucionales de los servidores públicos.
Según la información publicada por el diario Excélsior, la demanda será presentada a través del despacho Trusan&Roma, que presentará las demandas en dos momentos. Primero incluirá a servidores públicos de las Comisiones Nacionales de Derechos Humanos, de Hidrocarburos, Bancaria y de Valores, así como de la Comisión Federal de Electricidad y el Centro Nacional de Energía, mientras que en un segundo momento se presentarán las demandas de los servidores públicos de las dependencias como las secretarías de Educación Pública y de Gobernación.
La ley establece distintas medidas de ahorro en toda la administración pública, pero la disposición que principalmente preocupa a los servidores públicos es la incluida en el segundo párrafo del artículo 24 que prohíbe a los servidores públicos de los grupos jerárquicos de mando superior ocupar puestos en empresas que hayan supervisado, regulado o respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada en el ejercicio de su cargo público, salvo que hubiesen transcurrido al menos diez años.
Asimismo, insiste en temas como la reducción de salarios y la eliminación de prestaciones, como seguro de gastos médicos mayores.
El mes pasado, el diario Excélsior informó que en un periodo de dos semanas, habían renunciado, por lo menos, 50 de los 184 directores generales y directores adjuntos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que prefirieron separarse de su cargo, antes de que entrara en vigor la ley de austeridad.
Según cifras de la Secretaría de la Función Pública, se han eliminado 8 mil 820 plazas de mando, sin indicar de qué categoría.
El tribunal que corresponda decidirá si la disposición contenida en el artículo 24 es aplicable en forma automática con su sola entrada en vigor, o se requiere de un acto diverso para su aplicación, que para el caso sería la separación del cargo.
Es de destacar que la ley de austeridad no establece una sanción específica respecto al artículo 24. Asimismo, ignora lo previsto en el artículo 72 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas que limita la prohibición de contratación a un año.
Por otra parte, no todo está perdido para los servidores públicos, porque la prohibición se refiere a “ocupar puestos en empresas que hayan supervisado, regulado o respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada” pero no hace referencia a servicios profesionales o asesorías, actividades que no necesariamente implica el “ocupar un puesto”.
Sin duda el tema dará de que hablar los meses por venir.
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