Niño llorando

 

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó que solo se puede declarar la pérdida de la patria potestad cuando eso favorezca a los menores y no puede ser una sanción para los padres. Por lo tanto, la alienación parental no puede ser, en sí misma, una causa para que se decrete.

Los magistrados analizaron el concepto de alienación parental y sostuvieron que se trata de un fenómeno complejo sobre el que no hay consenso científico, por lo que es necesario una definición legal del mismo. En ese sentido, consideraron que los estados pueden definirla siempre que no anulen la conciencia y juicio de los menores. Así, regular la alienación parental es posible siempre que se relacione con la conducta de la madre o el padre alienador y no en el juicio desfavorable que pudiera tener un menor de sus progenitores.

Una vez establecido los alcances de una definición de alienación parental, los ministros revisaron el contenido del artículo 420 bis del Código Civil para Estado de Baja California primer párrafo que establece como sanción a aquellos padres que generen en los hijos rencor o rechazo hacia el otro progenitor, la suspensión de la patria potestad.  “… sopena de suspendérsele en su ejercicio, dice la parte final del citado artículo, misma que fue considerada inconstitucional.

De lo anterior, se llega a la convicción de que la suspensión de la patria potestad, en los términos previstos en el precepto citado, vulnera el derecho del menor a vivir en familia y a mantener relaciones afectivas con ambos progenitores no porque la medida en sí misma sea inconstitucional, sino porque resulta desproporcionada.

Por otra parte, también se invalidaron los artículos que sancionaban al padre o madre alienadora con la pérdida o suspensión de la patria potestad. El Pleno consideró que esas normas no permitían que el juzgador ponderara el interés superior del menor conforme a la necesidad y circunstancias del caso concreto para decidir si aplicar esas medidas beneficiaría al niño, niña o adolescente involucrado.

Así, la SCJN declaró la invalidez de los artículos 420 bis, párrafo primero, en la parte que señalaba “sopena de suspendérsele en su ejercicio”, y 441, fracción VI, del Código Civil de Baja California y, por extensión, la del artículo 281, párrafo segundo, en su porción normativa “y VI”.

En otro tema de alienación parental, la SCJN invalido el artículo 178 del Código Penal de Michoacán, que castigaba con hasta cinco años de cárcel a quien incurriera en esa conducta, ya que también vulnera el derecho del menor a vivir en familia y a mantener relaciones afectivas con ambos progenitores.

La norma se basaba en el Código Familiar del estado que define a la alienación parental como la influencia que uno de los padres ejerce en sus hijos para “trastornar la conciencia del menor” e impedir, obstaculizar o dañar sus vínculos con algún otro de sus familiares.

Así, la Suprema Corte reitera el criterio establecido en 2017, en el ques e reconoce la libertad configurativa de los estados para definir la alienación parental, pero que la misma no puede ser causa de la patria potestad.

Más información scjn.gob.mx

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