La Suprema Corte de los Estados Unidos comenzó a escuchar la semana pasada los argumentos orales en el juicio donde los familiares del menor juarense asesinado hace más de nueve años, Sergio Adrián Hernández Güereca, piden justicia ante el proceder del agente de la Patrulla Fronteriza que disparó y le dio muerte en territorio mexicano.
La decisión en la Suprema Corte se debate entre la posibilidad de minar las relaciones internacionales con México, si es que la Corte falla en contra de la demanda, o en caso contrario se podría coartar el campo de acción de agentes federales que deberán de rendir cuentas ante un caso complejo.
El caso establecería un precedente sobre la legalidad de que familiares de víctimas extranjeras, lesionadas en suelo extranjero, puedan acudir a los tribunales sin autorización expresa del Congreso.
Esta sería la segunda vez que la Suprema Corte de Estados Unidos revisa el caso de Sergio Adrián Hernández Guereca, un adolescente mexicano que recibió en territorio mexicano un disparo mortal por parte de un agente de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos, para determinar si sus familiares pueden iniciar una demanda civil en los tribunales de ese país.
El incidente ocurrió en junio de 2010 cuando Hernández Guereca, que tenía 15 años, y unos amigos estaban jugando en el lecho de concreto del Río Bravo, en la frontera entre México y Estados Unidos y corrían y tocaban la cerca que divide México y Estados Unidos para luego regresar a territorio nacional. El agente Jesús Mesa Jr. retuvo a uno de los jóvenes y Sergio Adrián se escondió atrás de una columna en territorio mexicano. El Agente Mesa disparó en dos ocasiones a Sergio Adrián con consecuencias fatales.
En 2014, un panel del Quinto Circuito de la Corte Federal de Apelaciones en Estados Unidos determinó que Hernández Guereca estaba protegido por la Constitución de los Estados Unidos a pesar de que el adolescente se encontraba en territorio mexicano cuando el agente le disparó, la decisión fue apelada.
El Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Quinto Circuito, con sede en Nueva Orleans, le negó a la familia la posibilidad de demandar al agente, decisión que fue apelada y analizada por la Suprema Corte norteamericana en junio de 2017.
En marzo de 2018 el Tribunal de Apelaciones volvió a negar el derecho a demandar a la familia Hernández Guereca, señalando que el caso plantea preocupaciones de seguridad nacional en el sentido de que los agentes fronterizos podrían dudar en tomar decisiones en fracciones de segundo en situaciones peligrosas si creen que podrían enfrentar demandas judiciales. La decisión fue apelada, por lo que ahora la Suprema Corte está revisando de nuevo el caso
El magistrado John G. Roberts, presidente del tribunal, señaló en la audiencia que la investigación de la Patrulla Fronteriza determinó que el agente Jesús Mesa Jr., no había violado los procedimientos que marcan las políticas de la agencia federal.
Roberts incluso preguntó al abogado de la familia Hernández sobre la clase de mensaje que se enviaría si el tribunal contradijera los hallazgos de la investigación realizada por la Patrulla Fronteriza en caso probable de que la Corte Suprema diera a lugar para que la demanda continuara.
Por su parte, el magistrado Neil M. Gorsuch, con lazos familiares en El Paso, se mostró preocupado de que cualquier derecho otorgado para entablar una demanda de este tipo no se limitaría a la acción policial, sino que podría estar sujeto a responsabilidad en las operaciones militares y diplomáticas estadounidenses en el extranjero, no solamente como se muestra en este caso donde se enfoca en México y su frontera sur compartida y custodiada por fuerzas federales.
Por su parte la juez Ruth Bader Ginsburg, cuestionó el uso de fuerza que supuestamente realizó Mesa. “Tenemos a un oficial deshonesto que actuó en violación de las propias instrucciones de la agencia, usando fuerza excesiva para matar a un niño en el juego. ¿Cómo pone eso en duda alguna política exterior o política de seguridad nacional?”, puntualizó Bader Ginsburg.
Abogados de Mesa y del gobierno argumentaron que escuchar el caso podría afectar las relaciones con México e inhibir a otros guardias fronterizos. La jueza Sonia Sotomayor cuestionó ese argumento, enfatizando que “los agentes no deben estar disparando indiscriminadamente contra niños”. “Este es un caso en que un hombre estadounidense, en territorio estadounidense, es acusado de tirar el gatillo y de violar leyes estadounidenses”, manifestó la magistrada.
La suerte de la demanda dependerá de si pueden convencer a un juez conservador de la Corte Suprema de Estados Unidos que los apoye. Los conservadores tienen mayoría de 5-4 y las sentencias suelen ser aprobadas por esas cifras.
El caso pondrá a prueba la llamada acción Bivens, en que se puede demandar a empleados federales por violar derechos constitucionales. Con el paso de los años, los tribunales han hecho más difícil entablar ese tipo de demandas.
Más información chicagotribune.com
miabogadoenlinea.net
Se permite la reproducción parcial o total, concediendo crédito a miabogadoenlinea.net
