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Categoría: El Derecho y México
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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en sesión del Tribunal Pleno, validó los preceptos normativos que regulan la legitima defensa en Veracruz, Baja California y Nuevo León al considerar que no generan inseguridad jurídica ni permiten a las personas hacerse justicia por propia mano.

Al resolver las distintas acciones de inconstitucionalidad en contra de las reformas promovidas en estas entidades para regular la legítima defensa, el Alto Tribunal estableció los criterios para reconocer su constitucionalidad.

Los magistrados señalan que tales disposiciones no deben interpretarse en el sentido de que las personas puedan hacer uso de la fuerza indiscriminadamente, ni que se puede tener por acreditada la legitima defensa cuando el daño producido al agresor haya resultado innecesario o excesivo.

La SCJN destaca que para que se actualice la legítima defensa es necesario que haya habido necesidad racional en los medios empleados para repeler la agresión.

El Tribunal Pleno sostuvo que la presunción de legítima defensa únicamente significa que, en determinados supuestos, corresponde al Ministerio Público demostrar en cada caso que no concurrieron los elementos de la legítima defensa, pero no implica que puedan dejar de observarse los principios de necesidad y racionalidad del medio empleado.

Los magistrados concluyen que los textos impugnados clarifican o brindan mayor certeza acerca del alcance de la legítima defensa, y no es una autorización para el uso desmedido, innecesario o irracional de la fuerza defensiva.

Así, los artículo 25, fracción III, segundo párrafo, del Código Penal de Veracruz, el artículo 23, Apartado B, fracción II, párrafo segundo, del Código Penal para el Estado de Baja California, y el artículo 17, fracción III, párrafo último del Código Penal para el Estado de Nuevo León, fueron declarados constitucionales.

Más información scjn.gob.mx

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