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Categoría: El Derecho y México
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Birrete y mazo

 

Trabajadores de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Banco de México (Banxico), Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) y Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), entre otros organismos, se preparan para interponer amparos colectivos en contra de la Ley de Austeridad Republicana, una vez que la misma sea publicada en el Diario Oficial de la Federación.

La Ley de Austeridad Republicana establece en el segundo párrafo del artículo 24 la prohibición para que los servidores públicos de los grupos jerárquicos de mando superior, cuando se separen de su cargo, ocupen puestos en empresas que hayan supervisado, regulado o respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada, salvo que hubiesen transcurrido al menos diez años.

Para los representantes de este grupo de trabajadores se trata de una legislación “agresiva”, que no solamente se aplicará a trabajadores de gobierno que ocupen cargos de alta jerarquía en la administración, ya que estará sujeto a interpretación el texto que dice que se aplicará a quienes hayan supervisado o que hayan manejado información privilegiada.

Existen ya al menos 7 mil servidores públicos que presentaron un amparo en contra de las medidas de austeridad previstas en la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos que entró en vigor al principio de ésta administración y que evitó la cancelación de sus prestaciones, tal es el caso de seguro médico y bonos, entre otros.

Sin embargo, con esta nueva ley volverán a estar en riesgo esas prestaciones, por lo que es posible que al menos el mismo número de trabajadores promueva recursos en contra de la ley de austeridad.

Las demandas se presentarán de forma colectiva por dependencia, además de que incluye a trabajadores jubilados que también se pueden ver afectados ante la cancelación de algunos bonos y prestaciones.

El presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales de Ética y Cumplimiento (AMPEC), Fernando Senties, dijo que la restricción de 10 años para trabajar en el sector privado después del paso por el gobierno es excesiva y provocará además de una lluvia de amparos, una desbandada de personal de la administración pública.

“Me parece ridículo, exagerado que sean 10 años. En otros países con medidas similares en América Latina y en Europa son de uno a tres años. Yo fui funcionario público en Canadá y ahí no existe tal limitante”, explicó.

Solamente aquellos servidores públicos que opten por ampararse con esta ley y que ganen el recurso legal quedarán protegidos.

Más información Omnia.com.mx

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