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Al resolver una acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inválido el artículo 277 del Código Penal para dicha entidad, reformado el 17 de octubre de 2017, que sancionaba los actos violentos o agresivos en contra de un servidor o funcionario público o agente de la autoridad.

El artículo impugnado establece que “quien ejecute actos violentos o agresivos en contra de un servidor o funcionario público, o agente de la autoridad, en el acto de ejercer lícitamente sus funciones o con motivo de ellas, se le aplicará de uno a seis años de prisión, y sanción pecuniaria de cien a trescientas unidades de medida de actualización, además de la que corresponda por el delito cometido”.

El Pleno de la SCJN consideró que el artículo viola la libertad de expresión y el derecho a la exacta aplicación de la ley, ya que las expresiones “violentos” y “agresivos” son tan amplias que podrían criminalizar expresiones protegidas por la libertad de expresión.

Abundando en el argumento, señalaron que el tipo penal era muy amplio y dejaba tantas dudas respecto a qué constituían conductas “violentas” y “agresivas”, que generaba un efecto de intimidación en las personas que quisieran hacer críticas airadas o incisivas a los servidores públicos.

El Pleno aclaró que los funcionarios públicos deben ser más tolerantes a la crítica, ya que por su actividad pública están expuestos a un control más riguroso de sus actividades y manifestaciones que aquellos particulares sin proyección pública alguna.

La Suprema Corte destacó que si bien es necesario contar con mecanismos que protejan a los servidores públicos cuando estén en ejercicio de sus funciones, su establecimiento debe ser cuidadoso y preciso para que no se vulneren otros derechos.

Más información scjn.gob.mx

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