Persona encarcelada

 

Desde el 3 de octubre estudiantes de la Escuela Normal Rural “Lázaro Cárdenas del Río” de Tenería, ubicada en el municipio de Tenancingo, Estado de México, mantuvieron privados de su libertad a 92 choferes de autobús y “retuvieron” las unidades que estos manejaban para obtener beneficios, pero funcionarios dicen que no fue un secuestro.

La Secretaría de Gobernación y particularmente el subsecretario Ricardo Peralta, están atrapados en una discusión semántica y de interpretación, que no coincide con la legislación vigente.

Generalmente cuando las autoridades se refieren a este tipo de actos utilizan eufemismos con el fin de evadir la definición legal que corresponde, utilizando palabras como “retener”, “inmovilizar” o “detener”.

Así, después de que los normalistas liberaron a los choferes el pasado jueves, el subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Ricardo Peralta Saucedo, pidió “no estigmatizar” a los estudiantes puesto que “si bien retuvieron ilegalmente a los choferes, no los secuestraron”.

El funcionario trató de explicar porqué no fue secuestro a pesar de que los estudiantes exigieron beneficios para liberar a las personas que tenían “retenidas”.

“No (fue un secuestro) tenemos que tener cuidado con el lenguaje. Hay condicionantes para cumplir dicha tipología como que se pida una contraprestación pero en este caso es un contexto totalmente distinto al de las organizaciones criminales, puesto que los normalistas tienen un estrato y una historia muy distinta a la que pudiera tener una persona que comete un delito, la intención de un delincuente es otra. Estas son movilizaciones sociales y políticas" dijo Peralta Saucedo.

Respecto a si se ejercerá acción penal contra los normalistas, explicó que si las empresas y los agraviados presentan denuncias, las autoridades correspondientes deberán dar seguimiento a estos hechos.

Tal parece que para el funcionario sólo se está en presencia de secuestro si existe la intención de obtener un beneficio económico, y que se debe distinguir cuando las intenciones están relacionadas con movilizaciones sociales o políticas. Sin embargo la Ley General para Prevenir y Sancionar el Secuestro (LGPSS) no establece esa distinción.

La LGPSS establece en su artículo 9 los distintos supuestos de privación de la libertad que se consideran secuestro. El primer supuesto que se prevé y que es el aplicable al caso, es privar de la libertad a otra persona para obtener, para sí o para un tercero, rescate o cualquier beneficio. Es claro que en este supuesto, el legislador no limitó el supuesto a un beneficio económico, sino que lo dejó abierto a cualquier tipo de beneficio.

Otros supuestos son privar de la libertad y amenazar con privarla de la vida o con causarle daño para obligar a sus familiares o a un particular a que realice o deje de realizar un acto cualquiera; privar de la libertad para causar daño o perjuicio a la persona privada de la libertad o a terceros; o cometer secuestro exprés, es decir, una privación por un corto periodo para robar y/o extorsionar a la víctima.

Además, la LGPSS claramente dispone que este delito se debe perseguir de oficio, es decir, no depende de la denuncia de la persona afectada, como supone el funcionario. En adición  a esto, el ejercicio de la acción penal y la ejecución de las sanciones por el delito de secuestro son imprescriptibles, es decir, que se persiguen sin importar el tiempo que haya pasado.

El que las personas hayan sido liberadas, no implica que no se sancione a los normalistas, porque para ello, no deberían haber obtenido ningún beneficio.

En resumen, no se trata de una cuestión de lenguaje, o de dar un trato distinto porque estas conductas son parte de movilizaciones sociales o políticas, porque esa es una excepción no prevista en la legislación. Conforme a la LGPSS los normalistas presuntamente secuestraron a los choferes, pero a quien corresponde exonerarlos de responsabilidad es a la autoridad judicial, no a la autoridad administrativa. El ministerio público debe perseguir estás conductas de oficio, sin importar el tiempo que haya transcurrido (imprescriptibles).

Los gobiernos de todos los colores insisten en el respeto al estado de derecho, pero invariablemente son los primeros que lo violan.

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