El Gobierno de México presentó ante la Suprema Corte de EEUU un amicus curae contra la terminación del programa de apoyo a jóvenes migrantes que llegaron a ese país en su infancia, llamados "dreamers", llamado Acción Diferida para los Llegados en la Infancia o DACA (en inglés: Deferred Action for Childhood Arrivals), cuya abolición es promovida por el presidente estadounidense Donald Trump.
La audiencia del caso en el alto tribunal será el próximo 12 de noviembre y antes de que se celebre se han estado presentando ante esta instancia distintos amicus curiae (frase en latín que literalmente significa “amigo de la corte”).
El amicus curiae es una expresión utilizada para referirse a presentaciones realizadas por terceros ajenos a un litigio que ofrecen voluntariamente su opinión frente a algún punto de derecho u otro aspecto relacionado, para colaborar con el tribunal en la resolución de la materia objeto del proceso, presentando una opinión sobre el caso; y generalmente se presenta en forma de un resumen. La decisión de incluir en su valoración el escrito de amicus queda a discreción de la corte.
El escrito presentado por el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, resalta las contribuciones de los beneficiarios de DACA para México, EEUU y la relación entre ambos países.
En su escrito, México resalta "los beneficios de mantener el programa y las consecuencias adversas que tendría su conclusión para los jóvenes beneficiarios, sus familias y la comunidad mexicana en EEUU", dijo en un comunicado la oficina del canciller Marcelo Ebrard.
La terminación del programa, aprobado durante la administración del entonces presidente Barack Obama, obligaría a sus beneficiarios a "regresar a una situación de vulnerabilidad, al no contar con una autorización para trabajar, viajar y conducir", argumenta el recurso presentado ante el máximo tribunal del país vecino.
Los jóvenes "dreamers" son "parte del tejido social" de ese país, su edad promedio de llegada a EEUU es de siete años y el tiempo promedio de estancia que llevan allá es de 22 años, según datos oficiales.
Actualmente, 1,5 millones de personas viven en hogares con alguno de ellos, incluyendo padres, hermanos, cónyuges e hijos, y al rescindirse DACA, "se calcula que 328,000 familias perderían sus medios de subsistencia", argumenta el documento legal presentado a la Suprema Corte de EEUU.
Desde 2012, cuando empezó el programa, se vieron beneficiadas 800,000 personas; de ellas, cerca del 80% son mexicanas, refieren cifras de la cancillería.
La abolición de ese programa tendría un impacto en la economía de EEUU, asegura el gobierno mexicano, pues se estima que los "dreamers" pagan 5,700 millones dólares en impuestos federales y 3,100 millones de dólares en impuestos estatales, cada año.
"En total el 97% de los beneficiarios de DACA están empleados o estudiando preparatoria, licenciatura o posgrado", dice el recurso amicus curiae.
Los jóvenes registrados en ese programa, cuya visibilidad en los registros oficiales y estatuto legal los hace fácilmente localizables, "representan el mejor ejemplo de una generación bicultural y constituyen un puente de entendimiento entre México y EEUU", prosigue el documento.
México asegura, no obstante, que respeta el derecho soberano que tiene EEUU para decidir sus políticas migratorias.
Pero al mismo tiempo, la representación legal mexicana manifiesta su "legítimo y sustancial interés en proteger los derechos de sus ciudadanos".
Esa defensa la realiza conforme al Derecho Internacional y "en concordancia con su práctica de presentar estos recursos ante las cortes de EEUU" como el máximo tribunal.
El Gobierno de México, mediante su red consular, organizó 17,978 talleres informativos sobre DACA en beneficio de 1,35 millones de personas.
Entre los asistentes a esos talleres se identificaron 28,526 casos que ameritaron protección consular, los cuales fueron asistidos para obtener la documentación necesaria y, en algunas circunstancias, los fondos para solicitar DACA.
De junio de 2012 a agosto de 2019, el Gobierno de México invirtió 2,175 millones de dólares para atender a este grupo.
De los 790.000 inmigrantes que pudieron demostrar haber entrado a territorio estadounidense sin haber cumplido 16 años, los salvadoreños ocupan el segundo lugar después del 80% de los mexicanos, con 3%.
Dentro de los 11 millones de inmigrantes que residen sin autorización en EEUU, según cifras oficiales, los "dreamers" son el grupo con mayor aceptación entre diversos sectores de la sociedad estadounidense por su rol y el éxito reconocido de algunos de esa comunidad.
Organizaciones de derechos de los inmigrantes lanzaron también una campaña nacional en EEUU sobre la importancia del programa llamada Home Is Here (El hogar está aquí), la iniciativa incluirá anuncios que resalten las contribuciones que realizan al país los jóvenes indocumentados llevados a Estados Unidos durante su niñez.
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