Dr. José Manuel Mireles

 

En las últimas semanas se ha llamado la atención sobre los dichos del doctor José Manuel Mireles Valverde, quien actualmente es subdelegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Michoacán, por ser expresiones machistas, misóginas y violentas.

Durante un acto en una clínica del municipio de Apatzingán, se refirió a la sobrecarga de servicios que algunos derechohabientes le imponen al ISSSTE, a pesar de que pagan cuotas de 412 pesos al mes, existiendo derechohabientes que pretenden extender el servicio a cinco mujeres, a quienes llamó “pirujas”.

“Yo les dije de otra manera, porque soy tierracalenteño, también verdad, hay que atender a la primera piruja, a la segunda piruja y a la tercer, la cuarta y hasta la quinta”, refirió el doctor de profesión.

Estas expresiones generaron un gran rechazo en las redes sociales, lo que llevó al doctor Mireles a disculparse a través de las redes sociales. También dijo que era una de sus formas de hablar y que “muy erróneamente y sí, se me escapan algunas veces los malos términos, pero nunca ha sido con la intención de ofender a nadie”.

Sin embargo, en otro evento, al hacer referencia a una supuesta plática con un líder sindical, señaló que este pretendía obtener una plaza para su amante, a la que según Mireles esa persona se refirió como “nueva nalguita”.

Esta nueva expresión hizo que las protestas en redes sociales y medios de comunicación aumentaran, lo que llevó inclusive a que el presidente y el Senado se manifestaran al respecto.

"Ya traté el tema hasta donde yo considero que se puede llegar, le pedí respetuosamente que ofreciera una disculpa, tengo entendido que ya lo hizo e incluso está dispuesto a recibir información de cómo respetar a las mujeres y cómo todos debemos hacer a un lado el machismo", informó el mandatario.

Por su parte, el Senado de la República hizo un pronunciamiento que fue aprobado en todos los partidos, solicitando a Mireles  que presentara su renuncia por sus expresiones discriminatorias y misóginas, destacando en la exposición de motivos la obligación de los servidores públicos de seguir las políticas nacionales previstas en la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, debiendo utilizar un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo y su fomento en la totalidad de las relaciones sociales.

La Secretaría de la Función Pública anunció que inició un procedimiento de responsabilidad para determinar si Mireles había violado el Código de Ética de las Personas Servidoras Públicas del Gobierno Federal.

La conducta de Mireles va más allá de una violación al Código de Ética, ya que la Ley General de Responsabilidades Administrativas aplicable a los servidores públicos, establece la obligación de desempeñar el empleo, cargo o comisión bajo los principios de disciplina, legalidad, profesionalismo, imparcialidad, entre otros.

Y para la efectiva aplicación de dichos principios, los servidores públicos deben actuar conforme a las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas que regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones; y promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos  establecidos en  la Constitución, entre otras.

Así que sí existe una responsabilidad por parte del servidor público por sus dichos y dependerá del órgano interno de Control del ISSSTE si se le amonesta, suspende o incluso destituye.

Para algunos servidores públicos resulta difícil separar su conducta en su entorno personal con la que deben desempeñar en el mundo profesional, por lo que continúan utilizando un lenguaje que consideran coloquial, o común, pero deben ajustar su conducta, porque la misma puede implicar consecuencias jurídicas para ellos e inclusive para la institución que representan.

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