Acta de nacimiento

 

El Juzgado Tercero de Distrito con sede en Aguascalientes determinó conceder el amparo a una abuela que adoptó a su nieta en adopción plena, para que conserve sus apellidos originales y no tenga que asumir los de la abuela.

En el caso, una mujer, obligada por la migración de la madre biológica de su nieta, obtuvo la adopción plena de la niña, pero pidió que la niña conservara sus apellidos. El juez no aceptó que la menor conservara sus apellidos iniciales u originales y ordenó que se cambiaran los apellidos de la niña, argumentando que no se demostraba que tuviera una trayectoria académica y biográfica con su nombre original o de registro.

El juzgador fundamentó la decisión en un artículo derogado, el 433 C del Código Civil de la entidad, que en realidad es el 433 A de la citada legislación, destacando que la disposición establece que el adoptado debe llevar los apellidos del adoptante o adoptantes, y al emplear las palabras “DEBE LLEVAR” es un imperativo.

Al conocer el caso, el juez de Distrito que concedió el amparo ordenó al juez que conoció de la adopción que ejerciera un control difuso de la constitucionalidad en aras de proteger el interés superior del menor y el derecho fundamental a la identidad.

El control difuso de la constitucionalidad implica que cuando el juzgador resuelve un asunto sometido a su consideración, si supone que una disposición normativa que tiene que aplicar al caso concreto resulta inconstitucional y/o inconvencional(sic), puede decidir no aplicarla al caso en concreto con la finalidad de preservar los derechos humanos consagrados en la Carta Magna y/o en los Tratados Internacionales de los que México es parte.

Así, el juez de distrito señala que conforme a lo indicado en el artículo 133 en relación con el artículo 1o. constitucionales, los jueces están obligados a preferir los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales y dejar de aplicar las normas inferiores, en este caso, el Código Civil de Aguascalientes.

Al considerar que modificar el nombre de la menor afecta su derecho a la identidad, la vida privada y familiar aunado a que tal determinación ponía a la niña en un probable escenario de violencia psicológica o estructural y atendiendo al interés superior de la menor, el juez de distrito ordenó dejar sin efecto la resolución del juez local en lo relacionado al nombre de la niña. En la sentencia se destaca que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que el Estado no puede intervenir arbitrariamente en una decisión que corresponde a los progenitores respecto del nombre de sus hijos o el orden de los apellidos, toda vez que es un derecho de los padres y de los menores por ser un momento emocional y una decisión personalísima.

Más información cjf.gob.mx

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