Tubo para transfusión

 

El Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Décima Región con Residencia en Saltillo, Coahuila, señala que el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, viola el derecho a la salud de sus derecho habientes al condicionar la prestación del servicio.

En el año de 2016, al quejoso se le diagnosticó Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida (SIDA) y cirrosis hepática secundaria a alcoholismo crónico. Desde entonces ha acudido a las instalaciones del Seguro Social a causa de distintos padecimientos específicos y en marzo de 2019 se ordenó que se le practicara una endoscopia digestiva por hemorragia varical, para lo cual previamente debía recibir transfusiones de concentrados plaquetarios.

Sin embargo, a la fecha no ha recibido las transfusiones ni se le ha realizado el estudio ordenado debido a que autoridades del IMSS en Michoacán le condicionan el servicio a que consiga a sus donantes.

La sentencia subraya la obligación de las instituciones de salud de contar con bancos de sangre o, en su defecto, tener convenios con establecimientos que sí dispongan de centros de distribución de sangre y componentes sanguíneos. No cubrir este requisito implica una violación directa a las obligaciones contraídas por el estado mexicano que ha suscrito instrumentos internacionales que rigen en la materia.

Se puntualiza que en casos de extrema urgencia y de enfermedades de rápido avance e índices de alta mortalidad como la que presenta el quejoso, las instituciones de salud no deben condicionar la realización de estudios u operaciones a que los pacientes consigan a sus donadores.

El juzgador federal concluyó que las autoridades del IMSS vulneran el derecho constitucional de acceso a la salud en perjuicio del paciente, por lo que deberán subsanar las omisiones y brindarle atención inmediata, es decir, aplicarle de manera urgente las transfusiones con el objetivo de que esté en condiciones de realizarle el estudio de endoscopia.

La sentencia señala que el derecho a la salud, protegido por los artículos 4° constitucional y 12 del Pacto Internacional de Derechos, Económicos, Sociales y Culturales, implica que el Estado cumpla con su obligación de establecer los mecanismos necesarios para que se acceda a los servicios de atención médica oportuna, el suministro de medicamentos, incluso de aquellos de recién descubrimiento.

La decisión aun puede ser apelada por las autoridades.

Más información cjf.gob.mx

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