El Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México otorgó el amparo promovido por Aprender Primero, brazo jurídico de Mexicanos Primero, que obliga a más de 23 instancias federales y de la CDMX a garantizar a los adolescentes privados de su libertad el derecho a la educación.
En conferencia de prensa, Jennifer O’Donoghue, directora general de Mexicanos Primero, dijo que aunque la sentencia se relaciona con el Centro de Tratamiento Especializado de San Fernando, obliga al Estado no sólo a dar respuesta a estos jóvenes, “sino también asegurar la inclusión de todas las niñas, niños y jóvenes que hoy son excluidos de ejercer su derecho a la educación”. Según datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en el país son 1,445 jóvenes privados de su libertad.
Por su parte, Rodrigo Buj García, del despacho Malpica, Iturbe, Buj y Paredes que llevó el caso, explicó que en la demanda se señalaron como responsables a más de 23 autoridades federales y locales de la Ciudad de México, tanto educativas como del sistema penitenciario y que el caso tuvo que pasar por todas las instancias judiciales, incluyendo los tribunales colegiados.
En un inicio se obtuvo la suspensión con efectos restitutivos en la que se ordenó a las autoridades que se establecieran mecanismos para dar educación adecuada a los jóvenes, mientras se resolvía el fondo del asunto.
Finalmente, en la sentencia de amparo se obliga a las autoridades a diseñar planes y programas adecuados, asignar personal docente con el perfil y formación pertinentes, la designación de asesores técnico pedagógicos que acompañen y apoyen al cuerpo docente, un número de clases adecuado a cada nivel educativo y los materiales educativos correspondientes.
La resolución señala que existe una violación “…a los artículos 1, 3, 4 y 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues en el caso las responsables no acreditaron que los menores de edad privados de su libertas en la Comunidad de Tratamiento para Adolescentes de San Fernando, tengan garantizado el derecho a recibir una enseñanza adaptada a sus necesidades y capacidades y destinadas a prepararlos para su reinserción social.
"Tampoco acreditaron que esa institución está a cargo de maestros competentes, mediante programas integrados en el sistema de instrucción pública, a fin de que, cuando sean puestos en libertad, los menores puedan continuar sus estudios sin dificultad, como están obligadas constitucionalmente, de acuerdo a los estándares nacionales e internacionales en la materia.
"En ese sentido… lo procedente es conceder… el amparo… a fin de garantizar a los menores condiciones de educación adecuada, adaptada a sus necesidades y que propicie una inclusión real en los sistemas educativos, a fin de revertir ciertas prácticas estructurales de exclusión y estigmatización."
Buj García destacó que ahora el reto es lograr el cumplimiento de la sentencia.
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