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Categoría: El Derecho y México
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Instrumental quirúrgico

 

El Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Aguascalientes ha concedido el amparo y protección de la justicia federal a una menor de edad a la que se le negó la atención para la interrupción de un embarazo, al considerar que se vulnera su derecho a la salud, la discriminan y que la propia negativa de atención puede constituir tortura y malos tratos

En el caso la madre de una niña que fue víctima de violación, según consta en la denuncia presentada ante las autoridades competentes, acudió a una asociación civil para solicitar asesoría ante la negativa de las autoridades de interrumpir el embarazo de su menor hija por parte del secretario de salud y del director general del Instituto de Servicios de Salud, ambos del Estado de Aguascalientes, argumentando no contar con personal no objetor de conciencia.

Las autoridades se negaron a proporcionar el servicio solicitado, pese a que la Norma Oficial Mexicana “NOM-046-SSA2-2005 Violencia familiar, Sexual y Contra las Mujeres. Criterios para la Prevención y Atención”, de observancia obligatoria para todas las instituciones del Sistema Nacional de Salud y prestadores de servicios de salud de los sectores público, social y privado, regula la interrupción del embarazo tratándose de violación. Cabe destacar que el incumplimiento de la norma dará origen a la sanción penal, civil o administrativa que corresponda.

El juzgador federal concedió la suspensión para que en un plazo de 10 días se le practique a la menor la interrupción legal del embarazo, para lo cual las autoridades responsables deberán buscar de forma inmediata dentro o fuera de la entidad personal capacitado no objetor de conciencia.

Deberán cumplir con lo establecido en la referida norma oficial, en específico, obtener el consentimiento de la menor, por conducto de su representante legal, y brindarle, previo a la intervención médica, información completa sobre los posibles riesgos y consecuencias de procedimiento. Asimismo, las autoridades deberán informar al juzgado el cumplimiento de la suspensión y ordenó a la Asociación Civil ser el conducto para que la menor acuda en la fecha que señalen las autoridades a realizarse la interrupción legal del embarazo.

En los resolutivos se destaca que la demora injustificada para practicar tal procedimiento a la menor vulnera su derecho a la salud, es discriminatorio y puede constituir actos de tortura y malos tratos.

Se subraya que la autoridad responsable en términos del numeral 6.4.2.8 de la propia Norma Oficial se encuentra obligada a contar con médicos y enfermeras capacitados no objetores de conciencia o, en una eventualidad, tener ubicada una unidad de salud que cuente con este tipo de personal e infraestructura para llevar a cabo tal procedimiento en condiciones de seguridad y calidad.

Al proveer sobre la suspensión, el juez federal determinó que la asociación civil cuenta con interés “suspensional”, al menos de forma indiciaria,  ya que acreditó que su objeto social es la protección de los derechos que se reclaman en este juicio de amparo.

Más información cjf.gob.mx

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