El Senado aprobó el día de ayer dos temas de trascendencia, que en el mediano plazo podrían convertirse en disposiciones vigentes.

Por un lado, se aprobó la reforma al artículo 17 constitucional, para que en el mismo se incluya un párrafo que obligue al Congreso a regular las "acciones colectivas". Este es el primer paso para crear instituciones procesales que permiten la defensa, protección y representación jurídica de un grupo de personas que han visto vulnerados de la misma forma sus derechos por un ente público o privado, permitiéndoles hacer un frente común, y que el costo de su defensa no sea un impedimento para acceder a la justicia.

En este tema el camino por recorrer aún es muy largo, ya que una vez que se apruebe la reforma constitucional, se deberán aprobar las leyes que regulen su aplicación.

El segundo tema, es resultado de varios años de discusión y que finalmente empieza a ver sus frutos. Así, el Senado pretende que se modifique el marco constitucional del juicio de amparo y fortalecer el poder judicial, reformando para tales efectos los artículos 94, 100, 103, 104 y 107 de la Constitución Política.

En estas reformas se tocan varios aspectos que convierten al juicio de amparo en un instrumento no sólo para combatir las violaciones a las garantías individuales, sino también aquellos derechos derivados de los tratados internacionales.

Por otra parte se amplía el concepto de persona agraviada para que todo aquel que se considere titular de un derecho o de un “interés legítimo”, pueda iniciar este juicio.

Además, se introduce la figura de la “declaración general de inconstitucionalidad”, la cual se emitirá cuando exista jurisprudencia por reiteración sobre la inconstitucionalidad de una norma general. Antes de emitir la declaración se prevé dar oportunidad a la autoridad para subsanar el problema de inconstitucionalidad en un plazo de 90 días.

Se incluye la figura del “amparo adhesivo” a fin de que en un solo juicio puedan revisarse las posibles violaciones a un proceso y no a través de varios amparos.

La minuta prevé que en materia de incumplimiento de una sentencia de amparo por parte de una autoridad, sea la Suprema Corte de Justicia quien individualice la pena del responsable, del superior jerárquico y/o de la persona que con anterioridad haya ocupado el cargo.

En cuanto  a la repetición del acto reclamado, se establece que sea, la Corte quien consigne ante el juez de distrito a la autoridad responsable, salvo que no exista dolo y se deje sin efectos el acto reclamado.

Respecto a la suspensión del acto reclamado, establece como elemento a considerar la “apariencia del buen derecho” y así se realice valoración más adecuada del asunto, evitando que se afecte a la colectividad innecesariamente.

Para fortalecer el Poder Judicial, se crean los plenos de circuito, que tendrá por función resolver los criterios contradictorios, entre los tribunales de un mismo circuito.

Finalmente, se establece la facultad de prioridad tanto para el poder ejecutivo como para el poder legislativo para solicitar que determinados juicios de amparo, controversias constitucionales, o acciones de inconstitucionalidad se substancien de manera prioritaria.

Por otra parte, se modifica el artículo 104 constitucional estableciendo que los tribunales federales conocerán de los juicios del orden penal civil o mercantil cuando se susciten por controversias por el cumplimiento o aplicación de leyes federales o de tratados internacionales, pudiendo conocer los tribunales y jueces del orden común, a elección de actor y cuando se afecten intereses particulares.

En esta reforma aprobada se deja de lado aquella pretensión de limitar el acceso al juicio de amparo directo y la defensa en materia fiscal, sin embargo, es de destacar el cuarto transitorio que señala que en la jurisprudencia por reiteración “…no se tomarán en cuenta las tesis aprobadas en los asuntos resueltos conforme a las disposiciones vigentes con anterioridad a que entren en vigor estas reformas…”, por lo que la medida se materializará en el largo plazo. Otro defecto es que se establece que la declaratoria general de inconstitucionalidad no aplicará en materia tributaria, lo que resulta contradictorio con el espíritu de la propia iniciativa.

Ahora la pelota pasa a los Diputados, que en el siguiente periodo de sesiones, deberán discutir estos temas, porque el periodo ordinario concluye el próximo día 15. De ser aprobadas las reformas, al ser constitucionales, pasarán a las Legislaturas de los Estados, siendo necesario que 16 de ellas las aprueben para poder ser ratificadas.

Fuente: Senado de la República

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