Por segunda vez, la Suprema Corte de Estados Unidos revisará el caso de Sergio Adrián Hernández Guereca, un adolescente mexicano que recibió en 2010 un disparo mortal por parte de un agente de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos, para determinar si sus familiares pueden iniciar una demanda civil en los tribunales de ese país.
El incidente ocurrió en junio de 2010 cuando Hernández Guereca, que tenía 15 años, y unos amigos estaban jugando en el lecho de concreto del Río Bravo, en la frontera entre México y Estados Unidos y corrían y tocaban la cerca que divide México y Estados Unidos para luego regresar a territorio nacional. El agente Jesús Mesa retuvo a uno de los jóvenes y Sergio Adrián se escondió atrás de una columna en territorio mexicano. El Agente Mesa disparó en dos ocasiones a Sergio Adrián con consecuencias fatales.
El caso ha ido de apelación en apelación en los tribunales. En 2014, un panel del Quinto Circuito de la Corte Federal de Apelaciones en Estados Unidos determinó que Hernández Guereca estaba protegido por la Constitución de los Estados Unidos a pesar de que el adolescente se encontraba en territorio mexicano cuando el agente le disparó.
Está decisión permitía que la familia iniciara una acción civil en contra del agente que le disparó a su hijo, pero apelaron a fin de que se incluyera a la Patrulla Fronteriza, el Departamento de Seguridad Nacional, la Policía de Aduanas y Protección Fronteriza y el Departamento de Justicia.
El Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Quinto Circuito, con sede en Nueva Orleans, le negó a la familia la posibilidad de demandar al agente, decisión que fue apelada y analizada por la Suprema Corte norteamericana en junio de 2017.
El alto tribunal decidió no entrar al fondo del caso, sin embargo, instruyó al Tribunal de Apelaciones para que analizara el caso a la luz de los precedentes, específicamente el caso Ziglar v. Abbasi, relacionado con la actuación arbitraria de las autoridades. Asimismo, se instruyó al Tribunal para que analizara el caso sin tener en consideración si Hernández Guereca era estadounidense o no, situación que al momento de los hechos era desconocida por el agente.
En marzo de 2018 el Tribunal de Apelaciones volvió a negar el derecho a demandar a la familia Hernández Guereca, señalando que el caso plantea preocupaciones de seguridad nacional en el sentido de que los agentes fronterizos podrían dudar en tomar decisiones en fracciones de segundo en situaciones peligrosas si creen que podrían enfrentar demandas judiciales.
Asimismo, señalaron que permitir la demanda de la familia Hernández "interferiría con la supervisión de las ramas políticas sobre seguridad nacional y asuntos exteriores y omitiría las negativas consistentes y explícitas del Congreso de proporcionar soluciones de daños a los extranjeros heridos en el extranjero y crearía un remedio con límites inciertos".
La familia nuevamente apeló esta decisión y el máximo tribunal decidió ayer analizar el caso.
Los jueces decidirán si la familia de la víctima puede continuar con la demanda civil que busca una compensación económica por la acción del agente de la Patrulla Fronteriza Jesús Mesa.
La defensa de la familia argumenta que se violó la Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos que prohíbe la fuerza letal injustificada y el derecho de Hernández al debido proceso previsto en la Quinta Enmienda de la Constitución.
La decisión de la Corte Suprema probablemente también repercutirá en un caso similar, en el que el agente de la Patrulla Fronteriza Lonnie Swartz mató a tiros a José Antonio Elena Rodríguez, un ciudadano mexicano de 16 años, al disparar desde el otro lado de la frontera en Arizona. Este caso también está pendiente en el principal tribunal estadounidense.
Existe un precedente de 1971 que favorece el caso: Bivens v. Seis agentes con nombre desconocido, en el que el Tribunal Supremo determinó que la autorización del Congreso no siempre era necesaria en las demandas contra funcionarios federales que alegaban violaciones de los derechos constitucionales. Pero al tribunal cada vez le ha costado apegarse al precedente, que se refería a la revisión inconstitucional de una casa en Brooklyn y advirtió que la decisión no debería extenderse a la ligera a nuevos contextos.
El gobierno de México instó a la Corte Suprema a conocer el caso: "Es una prioridad para México ver que Estados Unidos ha brindado los medios adecuados para responsabilizar a los agentes y compensar a las víctimas", dijo el escrito de México. "Estados Unidos no esperaría menos si la situación se revirtiera y un agente del gobierno mexicano hubiera matado a un nacional de los Estados Unidos".
Más información lta.reuters.com
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