Río contaminado

 

Earth Law Center, organización sin fines de lucro que opera desde la ciudad de Nueva York, presentó un amicus curiae ante el Tribunal Colegiado del Centro Auxiliar de la Séptima Región en Acapulco, Guerrero, para que confirme la sentencia de amparo que ordena la protección de los ríos Salado y Atoyac en apoyo a Litigio Estratégico Indígena, A.C. (LEI)

Earth Law Center (ELC) opera desde la ciudad de Nueva York y el área de la Bahía de San Francisco y tiene como objetivo transformar la ley para reconocer y proteger los derechos inherentes de la naturaleza a existir, prosperar y evolucionar. Los miembros del grupo creen que es necesario reconocer e implementar los derechos de la naturaleza en la ley para comenzar a revertir lo que consideran una tendencia de degradación ambiental y que las leyes ambientales actuales no han podido resolver.

En el escrito de amicus curiae, ELC explicó que su intervención “busca la realización del derecho a un medio ambiente sano, el derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, así como la protección los derechos de la naturaleza y su reconocimiento como entidad sujetas de derecho”.

La petición de Earth Law Center tiene como finalidad buscar “restablecer el imperio del derecho en las comunidades que se encuentran directamente afectadas y vulneradas en sus derechos fundamentales por la omisión latente de las obligaciones de las autoridades en lo que respecta a la contaminación severa de los ríos Atoyac y Salado”, refiere el documento.

Mariana Yáñez Unda, abogada de LEI, informó que Earth Law Center fue más allá al solicitar al Tribunal determinar “la obligatoriedad de ejecutar las competencias institucionales… para garantizar el respeto tanto a los derechos de la naturaleza, el derecho a un ambiente sano, derecho al agua y los derechos humanos y económicos, sociales y culturales de la comunidades y grupos indígenas que subsisten gracias al río y habitan en el río”.

La abogada Yáñez Unda mencionó que Earth Law Center solicita que, “en el marco de estas competencias, la Corte debe obligar a que las instituciones tengan un plan de acción que cumpla con metas determinadas en un plazo prudente. Este plan de acción deberá ser monitoreado por la Corte; el Gobierno federal y municipal deberán garantizar el financiamiento respectivo del mismo”.

“La organización no gubernamental solicita al Tribunal Colegiado de Acapulco reconozca a los ríos Atoyac y Salado como sujetos de derechos. De manera especial, se deberá reconocer los derechos de los ríos Atoyac y Salado a fluir, el cual normalmente se entiende satisfecho asegurando un caudal necesario para asegurar un ecosistema saludable; a ejercer sus funciones esenciales con el ecosistema; a estar libre de toda contaminación; a alimentar y ser alimentado por sus afluentes; a biodiversidad nativa y a la restauración”, destacó Yáñez Unda.

La asociación civil Litigio Estratégico Indígena (LEI) lleva ya casi tres años luchando para que los ríos Salado y Atoyac sean saneados, pero las autoridades municipales, estatales y federales se resisten a dar cumplimiento a las decisiones judiciales.

De ser favorable la resolución, se deberá elaborar un proyecto integral de salvación de los cauces. Cuando se haya generado, se iniciarán los trabajos para su ejecución material y la ciudadanía debe ser la vigilante.

LEI señala que los ríos Salados y Atoyac están tan contaminados que han perdido la capacidad de auto regenerarse y es necesaria la intervención de las autoridades ambientales.

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