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El pasado lunes Rafael Acosta, alias “Juanito”, concluyó su licencia como Jefe Delegacional de la Delegación Iztapalapa en el Distrito Federal, generando con su regreso una nueva controversia a su alrededor.

Acosta había solicitado dicha licencia para que le supliera en sus funciones Clara Brugada, quien fungía como Directora General Jurídica y Administrativa y ésta se convirtiera en los hechos en la Delegada por 59 días.

Ahora, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal analiza remover a Acosta, con fundamento en la fracción III  del artículo 108 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, disposición equiparable a la Constitución en el resto de las entidades de la República, que establece que los Jefes Delegacionales podrán ser removidos, entre otras causas graves, “…por realizar cualquier acto o incurrir en omisiones que afecten gravemente el funcionamiento de la administración pública del Distrito Federal o el orden público en la Entidad”. Este procedimiento es el equivalente al juicio político previsto en la Constitución Política y en las constituciones locales.

Esta sería la segunda vez que la Asamblea Legislativa ejerce esta facultad. La primera fue en 2004 cuando se removió a Octavio Flores Millán, cuando éste era Jefe Delegacional en la Delegación Gustavo A. Madero, quien era acusado de fraude. Así, el procedimiento no les es desconocido, e inclusive desde el 18 de junio de 2004 cuenta con un ACUERDO GENERAL PARA LA REMOCIÓN DE JEFES DELEGACIONALES EN EL DISTRITO FEDERAL.

Si existe el acuerdo político y no existen violaciones en el procedimiento, difícilmente prosperará el amparo que pretenda promover Acosta en contra de su remoción ya que con el asunto de Millán, el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, estableció una tesis aislada que señala que “…contra las resoluciones dictadas en ese tipo de asuntos del orden político no procede el juicio de amparo, dado que únicamente se finca responsabilidad política al funcionario responsable, sin prejuzgar sobre otras responsabilidades que hubiere cometido; habida cuenta que en ese caso la pretensión constitucional del quejoso no es otra que la de permanecer en el cargo para el que fue elegido…”

Así que a ver que le depara la suerte a “Juanito” y a Iztapalapa.

 

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