El exalcalde de Coatepec, Veracruz, Roberto Pérez Moreno demandará al gobierno del Estado y a quienes resulten responsables, por daño moral y patrimonial al haber sido separado de su cargo y señalado como presunto autor intelectual del homicidio de su tesorero, Guillermo Pozos Rivera.
El ex alcalde afirma que promoverá denuncias en contra de los exfuncionarios: exfiscal Luis Ángel Bravo Contreras, el exgobernador Javier Duarte de Ochoa, así como a sus sucesores el fiscal Jorge Winckler Ortiz y el exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares, además del exmagistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Alberto Sosa y su sucesor Edel Humberto Álvarez Peña.
Pérez Moreno contaba con una orden de aprehensión al ser señalado como autor intelectual de la muerte del extesorero del municipio de Coatepec, Guillermo Pozos Rivera, quien fue localizado muerto en la carretera Coatepec-Totutla el 25 de agosto de 2014. El extesorero habría sido reportado como desaparecido el 22 de agosto de 2014.
En ese entonces la Fiscalía General del Estado, encabezada por Luis Ángel Bravo Contreras, detuvo a Eder Omar Álvarez Tapia, excomandante de la Policía Municipal de Coatepec y a sus escoltas Jairo Brígido Caballero, Francisco Sandoval Hernández y otro elemento con el mote de “El Apache”.
Los expolicías, tras ser detenidos e internados en el Centro de Reinserción Social de Pacho Viejo, Coatepec, señalaron a Pérez Moreno como autor intelectual del homicidio.
Ante el señalamiento, el Congreso de Veracruz desaforó a Pérez Moreno en julio de 2015, quien tras tres años y seis meses de fuga, reapareció en Xalapa en diciembre de 2018.
El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito con sede en Boca del Río le concedió al excalcalde el amparo y protección de la justicia federal “… para efectos de que se deje insubsistente la orden de aprehensión contra Roberto Pérez Moreno, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de homicidio doloso calificado en agravio de quien en vida respondiera al nombre de Guillermo Pozos Rivera y en consecuencia niegue la petición del fiscal encargado de la carpeta de investigación de dictar una orden de aprehensión”.
El excalde pretende una indemnización superior a los dos millones de pesos, considerando el salario que dejó de percibir y que le hubiese correspondido por ser alcalde, el daño por verse obligado a abandonar sus negocios cafetaleros y sus propiedades, los gastos en que incurrió mientras se encontraba prófugo en Nueva York, la Ciudad de México y Puebla y los gastos de abogado, entre otros.
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