Fachada de la Cámara de Diputados

 

Al resolver un amparo en revisión, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó al Congreso de la Unión que legisle contra la discriminación racial al considerar que las disposiciones vigentes son insuficientes.

En el caso, en julio de 2017 la asociación civil Zafiro Pro Derechos Humanos promovió un juicio de amparo ante el Juez Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, contra la omisión legislativa de dar cumplimiento al artículo 4 de la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación Racial, de la que el Estado Mexicano es parte, y, por ende, declarar ilegales y prohibir las actividades de propaganda y toda otra actividad que promueva la discriminación racial e incite a ella, denominadas como discursos de odio.

El juez de inicio desechó la demanda de amparo de la asociación por improcedente, por lo que Zafiro interpuso recurso de queja ante el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, quien ordenó admitir el asunto.

Finalmente el juez de distrito concedió el amparo, pero el Congreso de la Unión y el Ejecutivo Federal como autoridades responsables interpusieron recurso de revisión, del cual conoció la Primera Sala.

En ese recurso las autoridades señalaron que no existía omisión pues tales obligaciones se cumplieron mediante la expedición de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la adición del artículo 149 Ter del Código Penal Federal.

Sin embargo, la Primera Sala consideró que aun cuando la ley prohíbe los actos generalmente conocidos como discurso de odio, únicamente confiere al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación facultades para imponer medidas administrativas y de reparación una vez tramitado el procedimiento de queja, y sujeta a los servidores públicos a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Respecto a la disposición del Código Penal Federal señala que la redacción del artículo es demasiado amplia y ambigua, pues mientras se actualiza con cualquier acto que atente contra la dignidad humana o anule o menoscabe los derechos y libertades; se limita a la realización de las siguientes conductas específicas: 1) negativa de servicios o prestaciones, 2) negativa o restricción de derechos laborales o limitación de servicios de salud; o 3) negativa de derechos educativos.

Así, se considera que exista una omisión legislativa esto es, que el legislador no ejerció sus facultades a pesar de existir una norma que le obliga.

 “El artículo 4°, incisos a) y b) de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, señala que se debe declarar como acto punible conforme a la ley toda difusión de ideas basadas en la superioridad o en el odio racial, toda incitación a la discriminación racial, así como todo acto de violencia o toda incitación a cometer tales actos contra cualquier raza o grupo de personas de otro color u origen étnico, y toda asistencia a las actividades racistas, incluida su financiación” señala la sentencia.

También se debe declarar ilegal y prohibir a las organizaciones, así como las actividades organizadas de propaganda y toda otra actividad de propaganda, que promuevan la discriminación racial e inciten a ella, y reconocer que la participación en tales organizaciones o en tales actividades constituye un delito penado por la ley.

“La normativa federal no es suficiente para tener por cumplidas las obligaciones consagradas en los incisos a) y b) de la Convención, debido a que no se sanciona penalmente los actos de difusión de ideas basadas en la superioridad o en el odio racial, la incitación a la discriminación racial, los actos de violencia o la incitación a cometer tales actos contra cualquier raza o grupo de personas de otro color u origen étnico, ni la asistencia a las actividades racistas, incluida su financiación”, se argumenta en la sentencia.

Los ministros concedieron el término de un año para que el Legislativo realice las adecuaciones legislativas necesarias.

Más información scjn.gob.mx

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