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Categoría: El Derecho y México
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Imagen de la contaminación del río Atoyac

 

La asociación civil Litigio Estratégico Indígena (LEI) lleva ya casi tres años luchando para que los ríos Salado y Atoyac sean saneados, pero las autoridades municipales, estatales y federales se resisten a dar cumplimiento a las decisiones judiciales.

LEI inicialmente apoyó a distintas personas en marzo de 2016 para promover un amparo en contra de diversas autoridades de los tres niveles de gobierno, incluyendo la Procuraduría Federal del Medio Ambiente y a la Comisión Nacional del Agua, quienes por acción u omisión estarían violando los derechos humanos a la salud y a un ambiente sano adecuado para el desarrollo y bienestar, al no estar aplicando la justicia ambiental, la omisión para implementar acciones para revertir el deterioro ecológico y la falta de sanción administrativa y penal para quienes incurran en conductas que produzcan la contaminación del río Salado en su camino por el valle de Tlacolula, la ciudad de Oaxaca y hasta su unión con el río Atoyac, en San Antonio de la Cal.

La demanda fue rechazada inicialmente por un juzgado de distrito al considerar que no existía interés jurídico y después por un tribunal colegiado. El asunto fue finalmente atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que concluyó en marzo de 2017 que la demanda debía ser admitida

En abril de 2018, el Juzgado Primero de Distrito del estado de Oaxaca otorgó un amparo para la protección y saneamiento de los ríos Salado y Atoyac, así como para hacer efectivo el derecho a un medio ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar de habitantes la capital oaxaqueña y de al menos ocho municipios conurbados.

La titular del Juzgado Primero de Distrito otorgó el amparo para hacer efectivo el derecho a un medio ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar, ya que “actualmente ambos ríos son usados como desagüe de aguas negras al tiempo que despiden un olor nauseabundo que lastima los ojos”. El juzgado determinó que “el derecho al medio ambiente no debe ser considerado poesía constitucional”.

La juez federal ordenó a la CONAGUA y a otras autoridades del ámbito federal y estatal proteger los ríos Salado y Atoyac, así como a “ejecutar y operar la infraestructura y los servicios necesarios para la prevención y control de la contaminación y el mejoramiento de la calidad del agua” de aquéllos.

Entre las autoridades contra las que se dictó la sentencia de amparo se encuentran el Organismo de Cuenca Pacífico Sur de la Comisión Nacional del Agua, la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente y los municipios de Oaxaca de Juárez, San Miguel Amatlán, Díaz Ordaz, Tlacolula de Matamoros, Mitla, Xoxocotlán, San Sebastián Tutla y Santa Cruz Amilpas.

En la sentencia se ordena “realizar las acciones necesarias para convenir con el gobierno federal, a través de la SEMARNAT y con las autoridades de Oaxaca, respecto de medidas de protección ambiental, específicamente por lo que hace al vertimiento de aguas residuales en los ríos Atoyac y Salado que afectan a la ciudad de Oaxaca y zonas conurbadas”.

Además, poner en marcha acciones de conservación, restauración y vigilancia del equilibrio ecológico, así como la protección al medio ambiente, y realizar programas de limpieza de los mencionados ríos.

También ejecutar y operar la infraestructura y los servicios necesarios para la prevención y control de la contaminación y el mejoramiento de la calidad del agua de los ríos Atoyac y Salado.

Pero las autoridades federales, estatales y municipales se han opuesto a la decisión. La CONAGUA, el gobierno de Oaxaca y los municipios de Oaxaca de Juárez y Santa Cruz Xoxocotlán, interpusieron un recurso de revisión en contra de la sentencia de amparo con en argumento de que ya se estaban realizando acciones para rescatarlos y que, por tanto, no deberían recibir esa sentencia. Los recursos están en manos del Tribunal Colegiado Auxiliar de Acapulco, Guerrero, que posiblemente resuelva en tres meses, y que puede confirmar la sentencia de amparo.

De no ser así, tal vez el caso llegue otra vez a la SCJN. En un caso muy semejante ya la Segunda Sala resolvió un amparo en revisión concediendo la protección de la justicia federal a los habitantes del pueblo de San Andrés Mixquic contra la omisión de autoridades de la Ciudad de México de adoptar todas las medidas a su alcance para restaurar y sanear ecológicamente los canales de la comunidad, concretamente los canales del Barrio de San Miguel, por el daño generado por agentes contaminantes.

De ser favorable la resolución se deberá elaborar un proyecto integral de salvación de los cauces. Cuando se haya generado, se iniciarán los trabajos para su ejecución material y ahí, dice, la ciudadanía debe ser la vigilante.

LEI señala que los ríos Salados y Atoyac están tan contaminados que han perdido la capacidad de auto regenerarse y es necesaria la intervención de las autoridades ambientales.

Más información eluniversal.com.mx y proceso.com.mx

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