La Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Diputados impulsa reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para sancionar hasta con 4% de sus ingresos a concesionarias que incumplan con obligación de bloquear las señales de telefonía celular de los centros penitenciarios.
En la exposición de motivos de la iniciativa se establece que más de 3.7 millones de llamadas de extorsión salen cada año desde las cárceles del país. El Comité Especializado de Estudios de Investigación en Telecomunicaciones expone que cada semana, en un solo penal, se realizan hasta 219 mil 700 llamadas. En algunos centros penitenciarios estatales se hacen en siete días más de 43 mil llamadas, usando solamente 90 equipos, y en federales más de 19 mil, con igual número de equipos.
Este panorama, se destaca en la exposición de motivos, “habla de la notoria falta de cumplimiento con la obligación contenida en la fracción VIII del artículo 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión”.
El artículo establece la obligación de los concesionarios de “colaborar con las autoridades competentes para que en el ámbito técnico operativo se cancelen o anulen de manera permanente las señales de telefonía celular, de radiocomunicación o de transmisión de datos o imagen dentro del perímetro…” de las cárceles.
La iniciativa, impulsada por el diputado panista Jorge Luis Preciado Rodríguez, plantea crear un capítulo denominado “Sanciones en materia de Seguridad y Justicia”, a fin de considerar una multa equivalente de 1.1 a 4 por ciento de los ingresos del concesionario o autorizado que incumpla con esa obligación, y en caso de reincidencia reiterada, la revocación de las concesiones”.
En la actualidad, la ley no prevé una sanción suficientemente coercitiva para obligar al cumplimiento de la disposición, se destaca en la exposición de motivos.
Por ello, la iniciativa plantea que para considerar la gravedad del desacato, el IFT determine la capacidad económica del infractor y la reincidencia y con ello determinar, el monto de las multas que deberá aplicar.
Las multas serían ejecutadas por el Servicio de Administración Tributaria y el importe obtenido se destinaría al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral de las Víctimas que contempla la ley.
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