El conflicto por la austeridad va más allá de las diferencias entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo y Legislativo, pues no sólo afecta a los altos funcionarios, como era la intención original, sino que también está afectando al personal operativo, un efecto no deseado.
En el plan anticorrupción y de austeridad del nuevo gobierno se establece que “No habrá bonos ni otras canonjías, el salario será integral…”.
En consecuencia, en las distintas dependencias y entidades del Poder Ejecutivo y también en el Poder Legislativo se han anunciado grandes ahorros al suspender de forma generalizada la entrega de vales de despensa, bonos, etcétera.
Pero esos vales, bonos, etcétera, no son prestaciones que reciban sólo los altos funcionarios, sino que se trata de prestaciones que también recibe el personal operativo o de base, afectando sus ingresos y violando el marco constitucional de las prestaciones de los servidores públicos.
Conforme con el artículo 127 constitucional los servidores públicos “…recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión…”.
“Dicha remuneración será determinada anual y equitativamente en los presupuestos de egresos correspondientes, bajo las siguientes bases: I. Se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales”.
De estas citas podemos concluir que las remuneraciones para todos los servidores públicos se determinan anualmente, deben ser adecuadas, son irrenunciables, anuales, equitativas, e integra cualquier cantidad o prestación, económica o en especie, que recibe por sus servicios un servidor público, de cualquier nivel, durante un ejercicio fiscal, incluyendo bonos, vales, etcétera.
Así lo podemos comprobar al revisar los tomos del Presupuesto de Egresos, específicamente el Tomo IX.- Analítico de Plazas y Remuneraciones, que es donde aparecen todos los ingresos de todos los servidores públicos.
Si se retiran esas prestaciones a los trabajadores antes de que termine el ejercicio, se estaría violando el artículo 127 constitucional.
Por ejemplo, supongamos que en el cuadro analítico de plazas y remuneraciones del ISSSTE, correspondiente al Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, aparece que un trabajador recibirá en 2018 una remuneración anual de $324,000.00 en los que $93,960.00 corresponde a sueldos y salarios (el 29 %) y $230,040.00 (71 %) corresponden a prestaciones (se presentan como prestaciones en el cuadro analítico: Seguridad social; medidas de Protección al salario; seguros a las personas; fondos y seguros de ahorro para el retiro y condiciones de trabajo, contratos colectivos y otras remuneraciones,), esas prestaciones incluyen $4,800.00 en vales de despensa.
Si por el plan de austeridad en el ISSSTE, se reduce el gasto corriente, que en términos reales implica la desaparición de los vales de despensa, ese trabajador dejará de recibir $4,800.00 de su ingreso anual, en violación a los principios del artículo 127, en el sentido de que las remuneraciones son anuales, irrenunciables e integrales. Lo mismo sucede si se retiran otras prestaciones, como el seguro de vida o de gastos médicos.
Lo grave es que el retiro de las prestaciones es una realidad que están viviendo los servidores públicos de cualquier nivel en el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, en flagrante violación a la Constitución. Más aun, puede llevarlos a tener que pagar más impuesto sobre la renta si las prestaciones que se les están retirando las convierten en efectivo.
De cualquier forma, están afectando la economía de los trabajadores operativos.
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