En Cadereyta, Nuevo León, Rogelio Escamilla Garza, juez mixto de lo civil y familiar del quinto distrito judicial realiza audiencias colectivas de divorcio para desahogar la carga que tiene el juzgado y proporcionar a las parejas una justicia expedita.
El juzgador inició esta práctica en octubre de 2017 para evitar que el juzgado colapsara debido a la gran carga de trabajo que tiene ante el crecimiento demográfico que ha tenido el municipio de Juárez, de donde provienen entre el 70 y el 80% de los casos. De los cuatro mil procesos que llegan al juzgado al año, el 50 por ciento son demandas de divorcio.
Señala, como ejemplo de la situación, que un día programó 75 audiencias individuales y le llevó más de 10 horas desahogarlas. “Es un desgaste tremendo, está uno repite y repite lo mismo” además del excesivo uso de recursos económicos y humanos.
Cuando estableció en octubre de 2017 las audiencias colectivas, inició con 25 expedientes hasta llegar a 90, y lo más que ha desahogado son 107 audiencias de divorcio en una sola sesión que se desahoga en 30 o 40 minutos.
A la fecha ya ha formalizado más de mil divorcios mediante esta modalidad, con cuatro o cinco audiencias al mes. Esta modalidad cuenta con el apoyo del Consejo de la Judicatura estatal.
Al día de hoy en el juzgado tiene 3 mil 764 expedientes de este año, no sólo de divorcios, cuando lo normal en un juzgado oral deben ser de mil a mil 200 expedientes. “Estamos haciendo el trabajo de tres juzgados, pero con el apoyo técnico del Consejo de la Judicatura hemos salido adelante”, señaló.
Las audiencias colectivas cumplen con las disposiciones del Código de Procedimientos Civiles de la entidad y, para que la audiencia sea pública, se pide el consentimiento de las partes y si no se obtiene, será privada.
Escamilla Garza destaca que quienes pasan a la audiencia colectiva lo único que quieren es la disolución del matrimonio y en audiencias privadas se tratan los casos de cuando las partes requieren hacer un convenio para guardia y custodia de menores, pensión alimenticia o reparto de bienes.
El juez consideró que cuando no están en juego los derechos de los menores, los divorcios constituyen un simple trámite administrativo, por lo que sería importante que el Congreso local reformara el Código Civil para que esos casos se lleven ante los mismos oficiales del registro civil que formalizaron el vínculo matrimonial, lo cual permitiría que los juzgados orales de materia civil, familiar y mercantil, se concentren en casos que requieren más estudio.
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