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Categoría: El Derecho y México
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La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que la prescripción es inadmisible e inaplicable tratándose del delito de tortura, con independencia del momento en que se haya cometido.

Al resolver un amparo en revisión el máximo tribunal sostuvo que a pesar de que la prescripción en materia penal es una garantía que debe ser observada para todo imputado por un delito, teniendo como referente que la prohibición de la tortura constituye una norma imperativa e inderogable del derecho internacional.

Por ello, en aras de no permitir que graves violaciones de derechos humanos queden impunes, la prescripción es inadmisible e inaplicable tratándose del delito de tortura, con independencia del momento en que se haya cometido el delito.

Lo anterior sin que dicho criterio comprometa el análisis de otras medidas u obligaciones internacionales que en todo caso ameritan un estudio individualizado en función de las condiciones normativas que los rijan.

El caso tuvo su origen en acontecimientos de 1999, cuando elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, al pretender detener al quejoso, le dieron un culatazo provocándole el desprendimiento y pérdida de la visión en su ojo izquierdo.

Por ello, el afectado presentó una denuncia ante el Ministerio Público por los delitos de lesiones y abuso de autoridad, pero el Ministerio Público propuso el no ejercicio de la acción penal al no haber sido identificados de manera plena los agresores por parte del denunciante.

En el año 2015, el quejoso formuló una nueva denuncia por los mismos hechos y argumentó que eran constitutivos de tortura, sin embargo, el Ministerio Público propuso también el no ejercicio de la acción penal, pero esta vez bajo el argumento de que ya había prescrito el delito de tortura.

El quejoso promovió un amparo que le fue negado y en revisión el caso fue atraído por la SCJN.

Al concederse el amparo, el subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México debe dejar insubsistente el acuerdo de no ejercicio de la acción penal y continuar con la investigación de los hechos denunciados por el quejoso.

Más información scjn.gob.mx

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