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Como era de esperarse, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó la controversia constitucional promovida por 200 autoridades municipales de Oaxaca, Michoacán, Zacatecas, Durango, San Luis Potosí, Tamaulipas y Guerrero, en contra de distintos acuerdos de ampliación de la denominación de origen del mezcal, que la extiende a 44 municipios de Morelos, Aguascalientes y el Estado de México.

El 18 de septiembre se presentó la controversia constitucional ante la SCJN, solicitando ser tomados en cuenta en la resolución de expansión de la denominación de origen del mezcal promovida por el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI).

El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena declaró la improcedencia del recurso al considerar que los municipios carecen de interés legítimo para promover controversias constitucionales en contra de disposiciones generales que no guarden relación con sus atribuciones.

Indicó que al no tener atribuciones en materia de propiedad industrial, admitir una demanda de este tipo sería convertir las controversias en una especie de amparo, en el que los alcaldes pueden ir a la Corte a defender intereses que no son los del Ayuntamiento, sino de sus residentes.

“Las resoluciones impugnadas de ninguna manera afectan la esfera de competencia y de atribuciones que se otorga a los municipios actores, por lo que la controversia constitucional que intentan resulta improcedente ya que ésta es un medio de control abstracto que exige la existencia de una posible vulneración a competencias propias conferidas a un ente, poder u órgano”, dijo

Los municipios michoacanos de Charo, Indaparapeo, Tarímbaro, Madero y Queréndaro habían anunciado a la Corte su intención de sumarse a la controversia y hoy mismo se les notificó que su demanda también  sería rechazada.

La decisión puede ser impugnada a través de una reclamación, que será resuelta por alguna de las Salas, pero no se espera que tenga mucha suerte.

Como dijimos antes, los productores de mezcal de Oaxaca, Michoacán, Zacatecas, Durango, San Luis Potosí, Tamaulipas y Guerrero podrían promover amparos contra las declaraciones de ampliación ante los jueces de Distrito de su entidad, lo que podría tener mejores resultados que una controversia ante la Corte.

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