En el Congreso de la Ciudad de México se presentó una iniciativa de reformas a la Constitución para reducir la edad penal a nivel nacional de 18 a 16 años, bajo el argumento de que hay una gran cantidad de crímenes cometidos por jóvenes de entre 14 y 17 años.
En la iniciativa se destaca que son jóvenes en esa edad quienes se dedican al robo con violencia -con arma blanca o de fuego- quienes violan, secuestran o asesinan y que se intenten resguardar en la actual edad penal.
La iniciativa propone adicionar un párrafo sexto al artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que diría: “Para el caso de personas que tengan 16 años cumplidos y hayan participado o ejecutado el delito de narcotráfico, plagio, homicidio con premeditación, alevosía y ventaja, feminicidio, o violación, serán considerados ciudadanos con derechos y obligaciones conforme a lo estipulado en el artículo 34 de este ordenamiento, y serán juzgados como mayores de edad”.
La iniciativa destaca que “el criterio de la edad, no puede ser sostenible para, por un lado, obsequiar impunidad o una protección especial, y por otro, no brindar todas las garantías a las víctimas de los delitos”.
La iniciativa señala que es una incongruencia que por un lado la ley considere que los individuos con catorce años de edad pueden iniciar una vida laboral, o que a los dieciséis años puedan contraer matrimonio, pero la edad penal sea de 18 años.
Este tema ya fue abordado en la campaña para elegir al nuevo jefe de gobierno y la Comisión de Derechos Humanos se pronunció en contra al considerar que va en contra de nuestros compromisos internacionales en materia de derechos del niño y se enfoca a combatir el efecto en lugar de dirigirse a eliminar las causas de la delincuencia juvenil.
Reducir la edad penal es una propuesta muy vieja. Una de las más antiguas se presentó en 1987 por el entonces procurador general de justicia del D.F., Renato Sales Gasque, que recomendó el establecimiento de una imputabilidad casuística, es decir, de una imputabilidad que iría de acuerdo a la capacidad de discernimiento o no de los menores entre 16 y 18 años, así como la gravedad o reiteración del ilícito.
Ahora algunos se proponen otra vez revisar el tema, ante el aumento de participación de los jóvenes en delitos.
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