El pasado 20 de septiembre se presentó ante la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma a la Ley del Servicio Postal Mexicano, SEPOMEX, para que se Correos de México la que distribuya en exclusiva la correspondencia y paquetería de las dependencias y entidades municipales, estatales y federales.
La iniciativa propone adicionar al artículo 4 de la ley dos párrafos, en los siguientes términos: “El gobierno federal, por conducto del organismo, tendrá a su cargo la recepción, transportación y entrega de la correspondencia de todas las dependencias y entidades de los tres niveles y Poderes de gobierno.
"Las dependencias y entidades de los tres niveles y Poderes de gobierno no podrán ejercer recursos públicos federales para la recepción, transportación, entrega y/o envío a través de empresas privadas, salvo en los casos y zonas donde el Organismo no cuente con cobertura para el servicio”.
En la exposición de motivos se destaca que el servicio público de correos es un área estratégica reservada al Estado en forma exclusiva, no obstante, las dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal y municipal no utilizan los servicios de mensajería que ofrece Correos de México, a pesar de que cuenta con la infraestructura y los canales de distribución necesarios.
Además la demanda del servicio es insuficiente para cubrir sus gastos de operación, situación que genera un círculo vicioso en el que el Estado se ve obligado a intervenir para garantizar su operatividad para atender a la población como lo establece la ley.
En este orden de ideas, “con la finalidad de que Correos de México opere de forma superavitaria y el gobierno no continúe generando un gasto por utilizar empresas privadas de mensajería y paquetería, y apegándose a la política de austeridad propuesta por el presidente electo...”, es que se propone la adición.
La iniciativa ya ha generado una reacción en el sector, calificando la Asociación Mexicana de Mensajería y Paquetería (AMMPAC) la iniciativa como anticompetitiva, cerrando el mercado de servicios de mensajería y paquetería que solicita el gobierno.
Según un informe de transparencia, las entidades del sector público tienen en ejecución 83 contratos para la prestación del servicio de mensajería y paquetería por un monto de 51.3 millones de pesos.
Del total, 34 contratos son con SEPOMEX, que representan apenas 4.7 millones de pesos y el resto son contratos con DHL, Estafeta y RedPack.
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