En el foro “Visión de la autoridad en el manejo periodístico de la noticia” realizado como parte del Congreso Nacional “Ciudadanía y Medios: Acción Conjunta” que se llevó a cabo en la Cd. de Boca del Río, Veracruz, el Procurador de Justicia de Veracruz, dijo que muchas veces de buena voluntad los medios y autoridades violan el precepto constitucional de la “presunción de inocencia”, en un afán de modificar la percepción de falta de resultados.

Pero por “buena voluntad” o en un afán de informar, se violenta el Estado de Derecho.

El principio de presunción de inocencia, tema que analizamos en el caso de Jacinta, se incluyó en la Constitución Política el pasado 19 de junio de 2008, al establecerse en el artículo 20 el derecho de todas las personas a que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad en una sentencia, aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha venido sosteniendo con anterioridad que “…de los artículos 14, párrafo segundo; 16, párrafo primero; 19, párrafo primero; 21, párrafo primero, y 102, apartado A, segundo párrafo, de la Constitución Política deriva el principio de presunción de inocencia, y de esta inferencia, relacionada con los artículos 17, segundo párrafo, y 23 del citado ordenamiento, se concluye la existencia del principio in dubio pro reo, el cual goza de jerarquía constitucional…”.

Marco Lara Klahr y Francesc Barata  señalan en su libro “Nota[n] Roja. La vibrante historia de un género y una nueva manera de informar” que cuando las audiencias son adictas a consumir violencia y los medios a lucrar con eso, siempre habrá víctimas, y serán los propios ciudadanos, que verán vulnerados sus derechos humanos hasta en el momento más íntimo.

Y es que los medios y los periodistas se vuelven cómplices cuando al emitir juicios sobre la responsabilidad de las personas no sólo violan la “presunción de inocencia”, sino que también violan el derecho a la propia imagen y a la vida privada.

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