Diversas organizaciones pro derechos humanos presentaron ante la Corte Penal Internacional (CPI), una denuncia en contra del Ejercito mexicano por supuestos crímenes cometidos en contra de civiles en el estado de Chihuahua, entre 2008 y 2010.
“Según la investigación de las organizaciones denunciantes, las atrocidades cometidas en aquel estado fronterizo calificarían como crímenes de lesa humanidad por lo que la CPI podría investigarlos”, detalla un comunicado firmado por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH); la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”, entre otros.
Supuestamente estas violaciones se habrían registrado durante la primera fase del Operativo Conjunto Chihuahua (OCCH), entre los años 2008 y 2010. En este operativo el Ejército mexicano realizó labores de seguridad y de investigación criminal.
En la denuncia entregada ante la CPI, las organizaciones documentaron que integrantes de las fuerzas armadas que participaron, con el conocimiento de los más altos mandos civiles y militares, cometieron crímenes de lesa humanidad.
Entre estos crímenes, detallaron, se registraeon torturas, privaciones graves de la libertad física, violación, violencia sexual y desapariciones forzadas. También denunciaron que se confirmó el uso de recursos públicos para cometer los crímenes. Y ejemplificó que se documentó el uso de vehículos militares para detener arbitrariamente a ciudadanos, el empleo de instalaciones militares como recinto para torturar a la población civil, así como la participación de personal médico militar en dichas prácticas de tortura.
“Los casos documentados demuestran la existencia de una política clara de actuación de las autoridades contra la población civil”, acusan.
“Estos actos serios fueron consistentemente presentados como casos aislados, como ‘víctimas civiles’, ‘daños colaterales’ o actos de ‘algunas manzanas podridas’, en el contexto de una “estrategia efectiva” de una lucha frontal contra las bandas de narcotraficantes, señaló la FIDH en el documento remitido a la CPI.
La FIDH explicó que han existido “escasas investigaciones, juicios y condenas contra el personal militar en el nivel medio de la cadena de comando”.
Añadió que esas pesquisas no han perseguido “a los mayores responsables, como los miembros de mayor rango militar y civil que diseñaron, permitieron y ayudaron a una política que resultaría en la comisión sistemática de crímenes”.
Detallaron que la denuncia tiene la finalidad de poner fin a la impunidad en la que estos graves crímenes continúan ante la falta de independencia e imparcialidad de la Procuraduría General de la República, así como por la inexistencia de procedimientos nacionales auténticos.
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