Persona en la cárcel

El Primer Tribunal Unitario del Octavo Circuito, con residencia en Coahuila, informa que concedió el amparo a una quejosa para que pueda gozar de los beneficios de la libertad anticipada que prevé la Ley Nacional de Ejecución Penal, misma que le era negada por insolvencia económica para pagar la multa que le fue fijada.

En este caso, la condición de mujer de la sentenciada se considera jurídicamente relevante ya que visibiliza cómo los estereotipos pesan sobre su género, por lo que basándose en un principio pro persona y en la perspectiva de género se le otorga el beneficio de la libertad condicional.

La resolución establece que la condición de mujer de la sentenciada, relacionada con su edad, 45 años, constituye un obstáculo que le impide obtener por sí misma la cantidad requerida, ya sea mediante la exigencia directa a sus hijos o a su cónyuge de que consigan y aporten la cantidad, o bien a través de un préstamo o un aval.

La quejosa tiene 45 años de edad, tres hijos de 16, 19 y 22 años, dos de ellos aun estudiando, con un total de cuatro dependientes económicos, según consta en el estudio del Departamento de Trabajo Social del Centro de Reinserción Número 1, con sede en Durango, Durango, lo que le dificulta la obtención de los recursos para el pago de la multa.

Además, ni su familia, ni la propia defensa se interesaron en recabar la multa impuesta como pena, para que disfrutara de la libertad anticipada, resultado de los estereotipos de género que dieron lugar a una situación de desventaja en su perjuicio, subraya el Tribunal Unitario.

La sentencia puntualiza que pese a cumplir con los requisitos para acceder a la libertad anticipada se le negó el beneficio por no estar en capacidad económica de pagar la multa, sin que el juez de origen ponderara las circunstancias particulares del caso.

Añade que, de acuerdo con el diagnóstico ofrecido por el Departamento de Trabajo Social, la interna atraviesa por una situación económica difícil pues desde su reclusión no percibe ingresos; que realiza actividades de aseo y en su tiempo libre elabora artesanías, además de que participa en diversas actividades académicas y culturales; no tiene algún antecedente o causa penal pendiente por cumplir; no representa un riesgo objetivo y razonable para la víctima u ofendido, testigos o la sociedad; que durante su reclusión ha mostrado buena conducta, disciplina y no tiene correctivos; que es clínicamente sana y con un pronóstico de reintegración social favorable.

En virtud de que la quejosa no fue sentenciada por delitos en materia de delincuencia organizada, secuestro y trata de personas, reúne los requisitos de ley para que se le conceda el beneficio de libertad anticipada.

La sentencia se sustentó en el derecho a la no discriminación, como una faceta o modalidad del derecho humano a la igualdad jurídica, que implica alcanzar la paridad de oportunidades en el goce y ejercicio real y efectivo de los derechos humanos de todas las personas, lo que conlleva a que en algunos casos sea necesario remover y/o disminuir los obstáculos sociales, políticos, culturales, económicos o de cualquier otra índole que impidan a los integrantes de ciertos grupos sociales en condiciones de vulnerabilidad, gozar y ejercer tales derechos, como es el caso.

Más información cjf.gob.mx

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