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Al interpretar los artículos 109 y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a la luz de los artículos 16 y 20 de la Constitución Política, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó que las decisiones que tome el ministerio público en las investigaciones pueden ser impugnadas por la victima u ofendido.

La Primera Sala señala que la labor del ministerio público en el desempeño de su labor investigadora debe estar sujeta a control judicial, con la finalidad de que sea el juez de control quien revise su legalidad.

La fracción 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorga a la víctima u ofendido de un delito el derecho a impugnar ante la autoridad judicial las omisiones del ministerio público en sus funciones de investigación, mientras que el artículo 258, permite impugnar las determinaciones del ministerio público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal.

En ese orden de ideas, la Primera Sala concluye que esta posibilidad incluye todas las actuaciones del ministerio público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del ministerio público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora.

Así, de determinarse que es ilegal la actuación del ministerio público, el juez de control debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos.

Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, la víctima u ofendido deben agotar el medio de defensa ordinario previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en observancia al principio de definitividad.

Más información scjn.gob.mx

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