Desde el pasado mes de septiembre se dio a conocer una controversia existente entre autoridades federales y municipios de Jalisco por la construcción de la presa denominada El Zapotillo, que abastecerá de agua a León, Guanajuato, a los Altos de Jalisco y a una parte de Guadalajara.

La obra fue anunciada en el 2006 cuando los pobladores de Temacapulín, Acasiaco y Palmarejo en Jalisco, conocieron que sus poblados quedarían debajo del agua. A raíz de ello han intentado acciones legales en contra de la construcción entre las que figuran no nada más amparos en contra de la construcción, sino que además llevaron el caso a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.

Conagua, organismo responsable de la obra ha declarado a través de su director, que la presa se debe construir en esa zona debido a que es el lugar idóneo para abastecer de agua a más de 2 millones de personas, con un costo de $8,010 millones de pesos.

De acuerdo con los habitantes de Temacapulín su poblado data del siglo VI y su iglesia, al igual que la de Acasiaco, son monumentos históricos de acuerdo con el INAH. En estos poblados habitan menos de mil habitantes según fuentes gubernamentales.

De acuerdo con declaraciones de los habitantes el gobierno ha ofrecido comparar las propiedades por $10,000 cada una y ya avisaron que de no vender, estas tierras serán expropiadas, acción que procede por causa de utilidad pública y cuyo decreto tendrá que publicarse en el Diario Oficial de la Federación, fundando y motivando la causa de esta expropiación.

El director de Conagua declaró esta semana que la obra para la construcción de la presa ya fue licitada y el contrato adjudicado con lo que señaló que la construcción de la misma está por iniciar.

El gobierno motiva la obra en razones de la utilidad pública, puesto que reportará un beneficio a más de dos millones de personas, pero además motiva la ubicación por causas técnicas y económicas que supuestamente están sustentadas en diversos documentos. Se ha declarado también que los pobladores de las zonas afectadas no nada más recibirán el importe de sus propiedades, sino que serán reubicados en otra zona. Los pobladores dicen que la región a donde piensan reubicarlos no es zona agrícola por lo que perderían también su sustento.

En derecho aplica el principio de que se debe ver primero por el bien de la mayoría. Pero este caso no se trata sencillamente de la aplicación de dicho principio ya que se debe observar que en efecto no se estén violando los derechos humanos de los pobladores, que no se estén poniendo en riesgo obras históricas y artísticas sin una fuerte fundamentación y que se sustente esa obra en razones legales, técnicas y económicas reales. Para ello el gobierno deberá actuar con estricto apego al principio de legalidad que apoye esta construcción y que puedan sustentar ante el poder judicial.

Se trata este caso de una situación que es reflejo de la poca confianza que existe en nuestro país en el estado de derecho y en el apego a la legalidad por parte de nuestras autoridades, ya que de lo contrario nadie pondría en tela de juicio la verdadera utilidad de la obra en el lugar en que está planeado.

Fuente El Universal.

 

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