La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el pasado 22 de febrero que el gobierno del estado de Veracruz deberá entregar al municipio de Jalcomulco los intereses por los recursos retenidos en 2016 provenientes de dos fondos del Ramo 33 (Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios). Lo curioso es que estás controversias fueron promovidas indirectamente por el propio gobernador y el ahora Fiscal General del Estado, Jorge Winckler.
Cuando Miguel Ángel Yunes Linares era gobernador electo, continuó sus ataques al gobierno de la entidad, que desde el 13 de octubre encabezaba el gobernador interino Flavino Ríos Alvarado, y organizó a los municipios panistas y perredistas para que exigieran la entrega de las participaciones federales del Fondo para la Infraestructura Social, Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, y el Fondo para el Fortalecimiento Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.
El gobierno del Estado reaccionó a la presión y fue entregando poco a poco los recursos, pero en el caso de algunos municipios el conflicto escaló y en el mes de noviembre de 2017 presentaron controversia constitucional patrocinada indirectamente por el gobernador electo.
Estas controversias se han ido resolviendo lentamente, pero ahora quien tiene que pagar es el gobierno de Miguel Ángel Yunes. Por lo pronto deberán cubrir a Jalcomulco los intereses que se hubieren generado por el período que comprende del día siguiente al de la “fecha límite de radicación a los municipios”, hasta el de la entrega efectiva de tales recursos, esto respecto a el pago que debió haber recibido el municipio de ambos fondos en el mes de septiembre de 2016.
Con base en los criterios establecidos en esta sentencia, la Suprema Corte resolverá en una de sus Salas las controversias restantes promovidas por otros municipios, entre los que se encuentran Chiconamel, Jesús Carranza, Tlalnelhuayocan, Fortín, Tezonapa y Lerdo de Tejada.
Por otra parte, el gobierno del Estado debe justificar la aplicación o restituir casi 20 mil millones de pesos del ejercicio fiscal 2016, según auditoría realizada por la Auditoría Superior de la Federación.
El gobierno estatal argumenta que no tendría la obligación de regresar a la Tesorería Federal los recursos desviados en la administración de Javier Duarte, sin embargo las disposiciones en la materia son claras y no se trata de obligaciones del titular del gobierno en turno, sino de la entidad federativa, sin importar quien la gobierne. De no solventar las observaciones, el gobierno federal podría retenerle recursos.
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