Atascados como están los senadores con la aprobación o modificación de la iniciativa de la Ley de Ingresos, manifestaron que no tienen tiempo para analizar lo relativo al nombramiento del Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

No está de más recordar que el presidente de la CNDH se elige por las dos terceras partes de la Cámara de Senadores y en sus recesos por los miembros de la Comisión Permanente.

En el proceso de elección no interviene, como en otros casos, el Presidente de la República ya que corresponde exclusivamente al Senado buscar propuestas y de éstas votar por la persona que ocupará el cargo cinco años con posibilidad de reelección por una única oportunidad.

Para ser presidente de la CNDH se requiere, según el artículo 9 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos, lo siguiente:

1. Ser ciudadano mexicano por nacimiento y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos.

2. Tener cumplidos treinta y cinco años de edad, el día de su elección.

3. Contar con experiencia en materia de derechos humanos, o actividades afines reconocidas por las leyes mexicanas y los instrumentos jurídicos internacionales.

4. No desempeñar, ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal, en algún partido político en el año anterior a su designación.

5. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de Secretario o Subsecretario de Estado, Procurador General de la República, Gobernador o procurador general de justicia de alguna entidad federativa o jefe de gobierno del Distrito Federal, en el año anterior a su elección.

6. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, lo inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena.

7. Tener preferentemente título de licenciado en derecho.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos se creó como una institución con autonomía de gestión y presupuestaria el 13 de septiembre de 1999, cuando se cambió su situación jurídica de organismo descentralizado.

Su actual presidente es el doctor José Luis Soberanes Fernández, quien entró en funciones el 16 de noviembre de 1999.

De no haberse nombrado sucesor para el 16 de noviembre de este año se tendrá que nombrar a un presidente interino puesto que una nueva reelección no está permitida por la ley.

No existe disposición expresa para el supuesto en que llegado el término no exista sucesor pero se podría interpretar que el presidente interino sería el primer Visitador General, quien estará en funciones hasta que se nombre un nuevo Presidente.

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