En el marco de la recientemente promulgada Ley de Seguridad Interior, integrantes de la agrupación Parlamento de México han solicitado a la Presidencia de la República se emita una "Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior" para el municipio de Acapulco de Juárez, en Guerrero, debido a los altos índices de violencia y asesinatos que se han registrado en dicho municipio.
Parlamento de México señala que presentó esa solicitud en ejercicio de su derecho de petición previsto en los artículos 8 y 35 fracción V de la Constitución Mexicana.
En el documento se explica que la seguridad nacional es un asunto de orden público e interés general, por lo que es un deber "irrestricto de esta máxima autoridad ejecutiva hacer cumplir la norma que lo regula, con prontitud, buscando que su vigencia material potencialice la probabilidad de que los gobernados puedan gozar de forma plena de sus derechos humanos y atendiendo las situaciones que son un factor de riesgo para las poblaciones de un territorio determinado".
Asimismo, destacan que los 18 mil 57 homicidios que se han presentado en Guerrero de 2008 a 2016, de los cuales Acapulco registra 7 mil 190 evidencian “la necesidad de que las Fuerzas Federales y Armadas permanezcan coordinando esfuerzos con el gobierno estatal y municipal con el fin de potencializar la posibilidad de restaurar el orden de Estado que garantice el pleno goce de los derechos humanos de las personas y se restablezca la paz social".
En la solicitud se reconoce que las personas que la suscriben “… no tienen legitimación para realizar la solicitud formal de la declaratoria en términos de lo que establece el artículo 89 de la Constitución", pero a través de la misma pretenden “… poner a consideración del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos los elementos que deben tomarse en cuenta para llevar a cabo de forma inmediata la Declaratoria de Protección de la Seguridad Interior en el municipio de Acapulco de Juárez”.
La ley fue promulgada el 21 de diciembre de 2017, pero por la controversia que existe por esta legislación el titular del Ejecutivo anunció que no emitiría la declaratoria de protección para alguna zona, hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronuncie sobre su constitucionalidad.
Para el grupo no hay excusa para no aplicar la Ley de Seguridad Interior, porque “se ha trabajado por los partidos políticos desde los tiempos de Calderón, esto nos ha rebasado, ya llevamos varios años de discusión en el tema y ahora que tenemos la promulgación de una ley, por temas políticos y temas controversiales tenemos el freno”, destacando que la Suprema Corte ha establecido que la ley sigue vigente, por lo que piden que “se activen los protocolos en materia de seguridad interior”.
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