Esta semana se presentó en el Congreso de Chihuahua una iniciativa en que se señala que en lo que va del año en el estado hay una tasa de 31 denuncias por violación por cada 100 mil habitantes, mientras que la media nacional es de 13, destacando que, según las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Chihuahua y Guerrero son las Entidades Federativas con más defunciones por homicidios de niñas, niños y adolescentes.
La iniciativa también hace referencia a un caso que ha escandalizado al estado, en el que un hombre que había salido de prisión volvió a tener relaciones forzadas con tres menores asesinando a una de sus víctimas.
Asimismo, se indica que la penalidad que en algunos casos se puede alcanzar es trece años, sin que exista la certeza de que esta persona después de ese tiempo se pueda reintegrar a la sociedad.
Para los impulsores de esta iniciativa, la forma de hacer frente a la violencia sexual contra menores y combatir estos delitos es la inhibición química, o castración química, “revertible por su naturaleza de tratamiento continuado que suprime los impulsos sexuales y los comportamientos agresivos, previniendo a su vez, otra clase de delitos”. La iniciativa reconoce que esta sería la tercera vez que se presenta la propuesta al Congreso del estado, sin que antes haya sido aprobada.
La propuesta consiste en que, si se cometen delitos sexuales contra menores por primera vez, el agresor o agresores podrían tomar voluntariamente el tratamiento para la inhibición química de los impulsos sexuales junto con terapias.
Sin embargo, si se repite el hecho, el tratamiento será obligatorio, ya que el reincidente representa un peligro para la sociedad. Si una vez más vuelve a atacar sexualmente y se comete un asesinato, se le aplicará la máxima condena en prisión.
Además, se propone prisión vitalicia o temporal por cada uno de los delitos a quien se encuentre culpable de haber abusado de dos o más personas en el mismo o diferentes hechos.
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